Por esta columna y múltiples vías –desde mi posición solidaria con las FARC-EP, el ELN y todas la fuerzas insurgentes y de izquierda colombianas- he expresado mi opinión contraria al desarme y desmovilización militar de esas organizaciones revolucionarias en el marco de ese Estado criminal, gangsterizado e intervenido por el Pentágono y sus bases militares; sometida Colombia al cruel imperio de fuerzas paramilitares y regulares de corte terroristas, con patrocinio de la CIA y el MOSAAD israelí.

En adición a esa valoración, he sostenido que los EE UU están aplicando una estrategia contraria a la paz, la democracia, la justicia social y la soberanía de nuestros pueblos, que incluye su determinación de imponer a sangre y fuego un destructivo programa minero y de control de valiosos recursos naturales en Colombia, la Amazonía y toda la región.

Sin embargo, la dirección FARC-EP, sorpresivamente para mi, ha decidido entregar unilateralmente sus armas y transformarse en fuerza política legal en un plazo de 180 días, confiando en una ilusoria “reconciliación” de ese Estado y el lumpen imperialismo que lo sustenta con la fuerzas que se le han opuesto y han sido perseguidas, asesinadas, torturadas; esto a raíz del Acuerdo de Paz de La Habana que será sometido en estos días a su X Conferencia Nacional Guerrillera.

Sin sorpresa, pero con mucho pesar, he recibido esta reseña del prestigioso periódico “Resumen Latinoamericano”:
“14 sep.- CI.- Tras el anuncio del gobierno de cese al fuego y hostilidades, más de una decena de líderes sociales, indígenas, campesinos, etc. han sido asesinados en el país…entre el 26 de agosto y el 14 de septiembre…”.

“El pasado 11 de septiembre fue asesinado Néstor Iván Martínez, dirigente social del departamento del Cesar y quien pertenecía al congreso de los pueblos. El mismo día murió el líder campesino Álvaro Rincón. Dos días antes, en Barbosa, Antioquia, fue asesinada María Fabiola Jiménez de Cifuentes, lideresa social de 69 años quien fue abaleada cuando viajaba en un bus de transporte público.”

“La grave situación motivó un pronunciamiento de Amnistía Internacional el pasado 12 de septiembre. …El pronunciamiento fue realizado tras conocerse el asesinato del miembro de la comunidad afro-descendiente, Néstor Iván Martínez, quien además era un férreo opositor a los proyectos mineros en la región del Cesar.” Esto así con solo anunciarse que las guerrillas de las FARC pronto entregarán sus armas. Si las entregan… ¡ay papá mué! Por lo que seguiremos clamando: ¡no las entreguen!