En días recientes, el país fue testigo de un episodio mediante el cual, una representante del Ministerio Público, habiendo estacionado de forma incorrecta su automóvil, fue objeto de un intento de ser sancionada por un agente de la AMET, con el cual se enfrascó en una discusión que implicó que a dicho policía le impusieran prisión preventiva por tres meses, la que al final no se materializó por una conciliación entre partes con el consiguiente archivo definitivo del expediente.
Una vez más, muchos parecen estar estremecidos por un episodio de gran simbología, pero con bastante menor potencialidad perniciosa que tantos otros que pasan desapercibidos por llevarse a cabo bajo el manto encubridor de la impunidad que otorga el poder económico, político y social.
Si de algo sirve lo ocurrido, es para constatar algo que se repite segundo a segundo entre nosotros, a mayor escala y con efectos devastadores, así para el patrimonio nacional como para la precaria institucionalidad que nos caracteriza. Esa es la utilidad que esto tiene, poder usarlo para ver en pequeño lo que ocurre en grande.
En ese episodio, la fiscal es símbolo descarnado de un poder concebido como mecanismo no de servicio colectivo y referente social, sino de avasallamiento y coraza protectora ante cualquier vulneración de normativas por el simple hecho de saberse al margen de posibles consecuencias. Todo, agravado porque, no obstante su reincidencia y su descalificación para continuar ejerciendo su oficio, nada va a ocurrirle y colorín colorado.
El agente de AMET es la personificación de un infeliz personajillo que solo puede concretizar sus minutos de gloria ante depauperados motoristas y conductores de unidades destartaladas imposibilitados de mostrar abolengo de ninguna naturaleza para escapar de la sanción y humillar a esa autoridad de menor calado que, con esa oportunidad, se siente realizada. ¿Qué otra cosa puede esperarse de servidores públicos armados de pistolas y desarmados de formación, a quienes lanzan sin piedad, con el salario miserable que reciben, a extorsionar y delinquir?.
Un sistema judicial que se ceba, como subterfugio para esconder su disfuncionalidad, contra objetivos fáciles, tirándolos en inmundas cárceles, al unísono de engavetar expedientes gruesos o imponiendo medidas de coerción benignas a encartados en casos de mayúscula corruptela.
Ese es el estado de cosas que debemos superar. En esta pequeña muestra tragicómica se resume el drama nacional, donde las reglas solo existen para quienes no pueden sufragar el costo de hacerlas desaparecer.
