Hace 40 años que en una acción sin precedentes, el Congreso Nacional destituyó al sindico del Distrito Nacional, doctor Manuel Antonio Jimenez Rodríguez (Manolín), tras conocer una acusación de conspiración formulada por el presidente Joaquín Balaguer.
Jiménez Rodríguez fue acusado de conspirar para derrocar el gobierno y tratar de conquistar a altos oficiales de las Fuerzas Armadas para establecer un régimen de facto con apoyo militar. Entre esos oficiales se citaron al general del Ejército Adriano Valdez Hilario y Salvador Lluberes Montás, de la FAD, a la sazón secretario de Interior y Policía.
El funcionario salió electo alcalde del Distrito Nacional en las elecciones de mayo de 1970. Sustituyó al señor Guarionex Lluberes Montás, a quien los balagueristas asociaban al grupo que dentro del PRSC dirigía el vicepresidente Francisco Augusto Lora, quien mantenía una posición contra a la reelección de Balaguer.
A raíz de la acción policiaco-militar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), el 4 de abril de 1972, donde resultó mortalmente herida la estudiante Sagrario Diaz Santiago, Rodríguez Jimenez censuró abiertamente la actitud de los cuerpos castrenses, actitud que no fue recibida a gusto por el sector gubernamental. La joven estudiante recibió un balazo en la frente y con una bala alojada en el cerebro falleció 10 días después.
Las autoridades universitarias revelaron que el cerco policial se materializó con el propósito de apresar al entonces dirigente de izquierda Tácito Perdomo Robles (Comandante Jacobo).
Después de la intervención de Jiménez Rodríguez, Balaguer y sus colaboradores mas cercanos, entre los que se destacaba el abogado barahonero Polibio Díaz, concibieron varias opciones para sacar de circulación al sindico. Y cuando tomaron la decisión final Balaguer resaltó su vieja amistad y confianza con el diputado por La Altagracia, licenciado Amable A. Botello, quien fue escogido para presentar la moción para despojar del cargo al titular de la alcaldía del Distrito.
Luego de una breve conversación telefónica con Polibio Díaz, el diputado Botello fue trasladado en helicóptero desde Higüey hasta el Palacio Nacional, donde recibió las instrucciones correspondientes.
Desde tempranas horas de la mañana en el Congreso Nacional había un movimiento inusitado que mantenía preocupado a todos los presentes.
Solamente Botello y el presidente de la Cámara de Diputados, Patricio Badia Lara, conocían el alcance de la sesión extraordinaria que había sido convocada en la víspera.
El juicio legislativo contra Manolin concluyó aceleradamente y en su lugar fue designado sindico del Distrito Nacional, el dirigente reformista Juan Rafael Estrella Rojas, quien de inmediato pronunció esta frase: En lo adelante el verdadero Sindico del distrito será el Dr. Balaguer. Jimenez Rodríguez salió al exilio con destino a México el 30 de abril del mismo año.
Los diputados aprobaron la resolución que acogía la demanda presidencial conforme el ordinal cinco, del articulo 23 de la Constitución de la República. La moción fue conocida y aprobada de inmediato por el Senado.
El presidente Balaguer formuló la acusación contra Jiménez Rodríguez en un breve mensaje que estremeció a los miembros de la Cámara Baja y que leyó el diputado Botello, ante una virtual sorpresa de los presentes.
Numerosos agentes del Servicio Secreto de la Policía fueron apostados en los pasillos del Congreso en prevención, al parecer, de cualquier reacción de parte de algunas personas involucradas en la supuesta trama que refería el Jefe del Estado. Jiménez Rodríguez calificó de absurdos los cargos que le formuló el Presidente de la República de conspirar contra el gobierno. El alcalde se mostró dispuesto a ser interpelado por el Senado para responder con la verdad la acusación presidencial.
Manolín también dijo que estaba dispuesto a participar en un careo público con el general Valdez Hilario, a quien Balaguer señaló como testigo de la supuesta trama
La historia dominicana no registra otro caso de juicio político a un funcionario municipal.
Un apunte
Las resoluciones fueron aprobadas por las dos cámaras legislativas, con el voto de las tres cuartas partes de las matrículas, como disponía el artículo 23 de la Constitución de la República del 1966.
La resolución del Senado contra Manolín fue firmada por Adriano Uribe Silva, presidente del Senado.
