El depósito de desechos sólidos en el vertedero Duquesa se normalizó ayer después que el Ministerio de Medio Ambiente intervino el lugar con la fuerza pública y dispuso el ingreso de camiones que había sido vedado a la mayoría de los ayuntamientos del Gran Santo Domingo.
Medio Ambiente también impuso una multa de 16 millones de pesos a la empresa Lajun Corporation, operadora del vertedero, por no ejecutar un apropiado programa de manejo y adecuación ambiental, en violación a la ley 64-00.
Desde un principio, esa empresa escogió una vía inadecuada para tratar de imponer un aumento de tarifa considerado exorbitante para permitir el vertido de basura en esas instalaciones ubicadas sobre terrenos del Consejo Estatal del Azúcar (CEA).
A causa del cierre de ese vertedero dispuesto por Lajun, el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo estuvieron en riesgo de sufrir un desastre sanitario ante la acumulación de basura en la vía pública, cuestión que no podían permitir.
Lo sensato sería que los operadores de Duquesa invocaran sus derechos por vía de los tribunales, máxime si el servicio que prestan es de carácter monopólico, cuya interrupción causa grave perjuicio a la salud pública, pero en vez de eso cerraron e impidieron a seis ayuntamientos verter desechos sólidos en ese lugar.
La empresa también advirtió que al país no le convendría “otro escándalo internacional”, lo que se interpreta como una inaceptable amenaza de recurrir a jurisdicciones arbitrales foráneas, sin tomar en cuenta que aún no se localizan en el CEA los documentos sobre venta o adjudicación de esos terrenos.
Conforme al dictamen del Ministerio de Medio Ambiente, el vertedero Duquesa contamina el arroyo La Chorrera por degradación de suelos, entre otras violaciones a la ley ambiental, lo que no sería fácil negar ante cualquier jurisdicción de arbitraje internacional.
Las autoridades han cumplido con su obligación de garantizar la salud de más de tres millones de ciudadanos asentados sobre el Gran Santo Domingo, puesta en riesgo por el cúmulo de basuras en el Distrito Nacional y provincia de Santo Domingo. Lo demás es asunto de los tribunales.
