El fantasma de Trujillo en la construcción del Estado
La construcción de un verdadero Estado social y democrático de derecho, el cual garantice “la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva es tarea fundamental de la sociedad, pero, en el sentido más estricto, es responsabilidad directa de, entre otras instituciones, la Junta Central Electoral, el Congreso Nacional y los tribunales de la República.
Esto sería para llevar a cabo tareas determinantes en la construcción de ese Estado democrático de derecho, resulta indispensable la celebración de elecciones libres, apegadas al mandato de la Constitución a las leyes, a los fines de que las candidaturas presidenciales, congresuales y municipales que resulten de éstas, puedan luego fiscalizar y controlar la aplicación de la políticas públicas de los funcionarios electos, así como sancionar las faltas cometidas en la aplicación de esas políticas.
Responsabilidad JCE
En la construcción de un Estado social y democrático de derecho, la primera responsabilidad recae, de manera directa, en la Junta Central Electoral (JCE), por cuanto esta es la encargada de la celebración de elecciones libres y democráticas, las cuales deben estar apegadas a los mandatos de la Constitución, las leyes y las buenas costumbres, donde cada ciudadano o ciudadana pueda depurar antes de votar por un candidato o candidata que, al final será el encargada o encargado de planificar, ejecutar o sancionar la forma en que se aplique el presupuesto general o particular de la nación.
Presupuesto que aporta el pueblo, a través del pago de impuesto. Para que en las elecciones puedan ser escogidos los mejores gerentes públicos, hay que eliminar las peores taras electorales, como son el soborno, la compra y venta de cédulas que se producen, de manera vergonzantes en cada una de las elecciones.
De los niveles de responsabilidad de los miembros de la JCE, dependerá el que se puedan elegir ciudadanas y ciudadanas que entiendan que su tarea principal es “Servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de la sociedad dominicana” (art. 216, numeral 3 de la Constitución). Del resultado de las elecciones dependerá también, el que salgamos de los primeros lugares en corrupción y de los últimos en educación.
Esto se podría superar, por ejemplo, si las elecciones siguientes son precedidas de la apertura de los locales de los partidos, como lo establece el art. 42, letra f) de la Ley Electoral 275-97, para que cada partido u organización política, pueda elevar los niveles cívicos de su militancia y, en consecuencia, se pueda “Contribuir, en igualdad de condiciones, a la formación y manifestación de la voluntad ciudadan.
De manera que las elecciones dejen de ser un vulgar mercado de soborno, compra y venta de cédulas, los cuales son sancionados por los artículos 171 y 173 de la citada Ley Electoral, hasta con dos (2) años de reclusión y 20 mil pesos de multas. Pero, repetimos, esto dependerá del compromiso ético y moral de la JCE.
Papel del Congreso
La planificación, ejecución, fiscalización y control de las políticas públicas, son factores esenciales y determinantes, en la construcción de un Estado social y democrático de derecho.
Esto depende, esencialmente, de la capacidad, niveles de eficiencia y grado de compromiso ético y moral, con la nación, de los miembros del Congreso.
Estos de acuerdo a las letras a), d) y f) del numeral 2 del art. 93 de la Constitución, están encargados, entre otras importantes cosas, de “Aprobar o rechazar el estado de recaudación e inversión de las rentas que debe presentarle el Poder Ejecutivo durante la primera legislatura ordinaria de cada año”.
“Examinar anualmente todos los actos del Poder Ejecutivo y aprobarlos, si son ajustados a la Constitución y las leyes , así como “Supervisar todas las políticas públicas que implemente el gobierno y sus instituciones autónomas y descentralizadas, sin importar su naturaleza y alcance. Esto nunca se ha hecho. De lo que si estamos claro es, que sobornando y comprando cédulas, esto se hará imposible.
Sanción del crimen
Sin la sanción de los crímenes y delitos, con apego a la Constitución y las leyes, no tendremos un régimen de consecuencias.
Las elecciones libres y democráticas donde el pueblo depure de manera consciente antes de votar, por candidato o candidata, es la única vía para lograrlo, por cuanto la elección del mejor presidente, así como de los mejores senadores y senadoras, diputados y diputadas, nos permitirá conformar un mejor Consejo Nacional de la Magistratura. Un mejor Consejo Nacional de la Magistratura nos permitirá elegir jueces más capaces, profesional y éticamente.
Con un presidente comprometido con el ordenamiento jurídico, tendríamos, además, mejores fiscales, y con mejor composición de los tribunales, sí podríamos garantizar la construcción de un régimen de consecuencia, y, con un régimen de consecuencia, sí se podría garantizar que desaparezca el fantasma (heredado de la tiranía de Trujillo) de la imposición de los poderes fáticos y mediáticos de nuestras instituciones.
De ahí que podemos afirmar, que, solo con la existencia de una Junta Central Electoral, un Congreso Nacional y tribunales responsables, apegados a nuestro ordenamiento jurídico podríamos terminar con el fantasma de Trujillo luchando en contra de la construcción de un Estado social, democrático de derecho.
