Resulta frustratorio para la Suprema Corte de Justicia, el aumento irrisorio hecho al alto tribunal por el Poder Ejecutivo, en el proyecto de Presupuesto Nacional, formulado para ejecutarse el próximo año enviolación, a la ley 194-04 que otorga 2.66% del Producto Interno Bruto, como asignación correspondiente al Poder Judicial.
Apenas, fue elevado en una migaja de 800 millones de pesos, cuando se solicitó una partida de 14.23 millones para la ejecución de importantes proyectos que redundarían en el mejoramiento de los tribunales.
Es insólito que cada año durante décadas, la Suprema Corte ha solicitado, de manera institucional, desactivando huelgas de jueces, un aumento de su presupuesto, sin tener eco en los titulares del Poder Ejecutivo que han gobernado al país en los últimos cinco lucros. Al parecer, los jefes de Estados, que han rehusado elevar las asignaciones económicas al Poder Judicial, no entienden que en los países democráticos, la justicia es la garantía para la paz social.
Es desalentador que no tengamos un Poder Judicial fuerte, vigoroso y poderoso, dotado de las herramientas necesarias para enfrentar las dificultades que ocasiona la falta de recursos, que impiden la consecución de un conjunto de metas con el propósito único de fortalecer el acceso a un ajusticia rápida y eficaz, y que los jueces puedan ejercer sus funciones en edificaciones apropiadas, dignas de su investiduras, dado que muchos magistrados trabajan en locales alquilados, la mayoría de ellos agrietados y destartalados.
Resulta casi imposible dar cumplimiento a los acuerdos arribados durante la Cumbre Nacional Judicial, clausurada recientemente, sin tener recursos suficientes, para su aplicación.
Del evento, hubo consenso entre los diversos actores del sistema judicial de fortalecer la Inspectoría General de la Supremay la eficientilizacion de sus representantes regionales para el análisis de denuncias, a los fines de que cuenten con protocolos y reglamentos estandarizados. Asimismo, se evitarán los traslados de jueces no consensuados.
La limitación ilegal de la partida que le corresponde por ley al Poder Judicial, cuestiona la independencia que debe existir entre los poderes del Estado. Un reflejo de la discriminación hacia la justicia, es la partida de 437 mil millones de pesos asignados al Poder Ejecutivo; 6, 800 millones al Poder Judicial y 6,100 millones al Poder Legislativo.
Por: Hugo A. Ysalguez dr.hugoysalguez@hotmail.com
