El Gobierno dominicano solicitó y obtuvo la sede para la celebración en Santo Domingo del 168 Período Extraordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y también propuso una Mesa de Trabajo para abordar la sentencia del Tribunal Constitucional que establece los criterios para obtener la nacionalidad dominicana.

En esa Mesa de Trabajo autoridades dominicanas y los comisionados de la CIDH discutirán también lo relativo a la ley 169-14 que crea un régimen especial de naturalización, por lo que no parece justo el argumento de que el Gobierno ha tomado el tema migratorio para ocultar los niveles de corrupción en el Estado.

La inmigración incontrolada es un tema de elevada preocupación, como también lo es la campaña de descrédito que se maneja a conveniencia contra el Estado y el gentilicio nacional a los que se acusa de promover odio racial y formas de apatridia.

Un tema de tanta trascendencia como la vulnerabilidad en el control migratorio no puede ser desdibujado por quienes consideran a Haití como un inminente peligro para la soberanía nacional, ni tampoco por los sectores que manejan un discurso asociado a la campaña que presenta al país como la reedición de la Sudáfrica racista.

Es injusto acusar al Gobierno de pretender manipular el tema migratorio para ocultar los niveles de corrupción en el Estado porque uno y otro flagelos son males que deben ser afrontados con urgencia, voluntad política y estricta aplicación de la ley.

Resulta extraño que ninguna institución vinculada con el tema haitiano se haya referido a la revelación hecha por el ex presidente de la Junta Central Electoral, doctor Roberto Rosario, de que la CIDH sugirió modificar la Constitución para otorgar nacionalidad dominicana a miles de ciudadanos haitianos que considera apátridas.

El Gobierno debería explicar con claridad meridiana el tipo de agenda que pretende abordar en esa Mesa de Trabajo con un organismo cuyas decisiones no son vinculantes con el ordenamiento jurídico dominicano, porque sería catastrófico para la democracia y la gobernanza que las autoridades asuman cualquier compromiso que se interprete como contrario al interés nacional.

La sociedad reclama un efectivo control migratorio y respeto y cumplimiento absoluto a la Constitución de la Republica. Las acusaciones de racista, xenófobo y promotor de apatridias representan expresiones afrentosas e infamantes que todo buen dominicano rechaza tajantemente.