Carecería de toda legitimidad social la firma de un pacto eléctrico que no incluyera una reforma sustancial del actual sistema de tarifas. Todos los sectores sociales han cuestionado desde hace tiempo un aspecto u otro de la estructura de la tarifa eléctrica, así como la evidente manipulación en la política de su aplicación práctica.
Voceros del propio Gobierno tienden a justificar el subsidio eléctrico alegando un “déficit tarifario”. Para cuantificar dicho déficit los funcionarios calculan la diferencia entre dos tarifas extrañas e ilegítimas – la llamada “tarifa aplicada” y una tal “tarifa indexada”.
En realidad, ninguna de las dos se fundamenta en una evaluación técnica de costos conocida, y por consiguiente nadie sabe con certeza si el referido déficit se origina en la tarifa o en otros sumideros del sector. Por ejemplo, una observación breve de los dos cuadros comparativos que se incluyen en este artículo daría pistas claras de esos sumideros.
Ahora bien, lo que nadie duda es que el retraso en la actualización y reforma del régimen tarifario ha sido muy largo y el Pacto Eléctrico ni el Gobierno pueden ignorarlo.
Tarifa Técnica
Una de las promesas de las reformas de los mercados eléctricos en todo el mundo fue la despolitización de la fijación de precios de la energía y, de paso, la reducción hasta la irrelevancia del subsidio estatal.
Como el sistema eléctrico es complejo y participan numerosos agentes, las tarifas tienden a determinarse a partir de estudios de costos eficientes de producción y servicios, realizados por firmas de especialistas en la rama. A esa tarifa se le denomina tarifa técnica.
En República Dominicana la ley de electricidad establece que la tarifa eléctrica que se debe aplicar a todos los clientes regulados del sector es la tarifa técnica. Disposición que ningún gobierno ha cumplido en los 15 años de vigencia de la ley.
Lo que sí han cumplido todos los superintendentes es con la contratación cada cuatro años de firmas internacionales para que realicen los estudios de costos del sector y propongan una tarifa técnica que luego no se aplica.
Por ejemplo, en 2003 la Superintendencia de Electricidad (SIE) presentó al país un detallado estudio tarifario realizado por la firma internacional PA Consulting; luego, en 2007, dicho estudio fue actualizado por otra investigación a cargo de la misma firma. Ambos abandonados “en su plástico”, intactos.
En 2011, la consultora chilena Inecon, realizó otro estudio nacional de costos para la determinación de la tarifa técnica del sistema a la fecha y, finalmente, esa tarifa fue nuevamente actualizada por una segunda investigación de costos cuyo informe fue presentado por Inecon a la Superintendencia en abril de este año.
En resumen, a partir de los cuatro estudios técnicos citados hemos tenido cuatro propuestas de tarifa técnica para el servicio eléctrico, tal y como lo indica el artículo 115 de la ley de electricidad.
Cada estudio ha sido pagado y recibido por la Superintendencia, presentado a las empresas del sector y al público, pero ninguno ha sido aplicado, en su lugar, el Gobierno ha preferido mantener una tarifa eléctrica, calculada al “ojo por ciento”.
Según referencias de algunos testigos, esos estudios –que no solo eran sobre tarifa- le habrán costado al país más de un millón y medio de dólares ($US 1,500,000).
La nueva tarifa
La tarifa técnica que se propone hoy – y que le quema las manos a la SIE-, incluye, entre otros, dos puntos destacados, a saber, la implementación de una tarifa plana que eliminaría la diferencia de precio por nivel de consumo y por consiguiente acabaría también con el subsidio cruzado que pagan clientes de alto consumo a favor de los de bajo consumo y, también, que el precio del kilovatio hora residencial de baja tensión seria de $7.31.
Esa propuesta implicaría, por ejemplo, que un hogar que hoy consume 300Kwh/mes y que paga a $4.44 por Kwh pasaría a pagar la energía a 7.31 el Kwh, lo que le representaría un aumento de 83% en su factura mensual, sin incluir el costo fijo.
En esencia, la propuesta de Inecon significaría una brusca subida de tarifa para los consumidores de menos recursos y una gran reducción para los clientes de elevados ingresos.
Conviene aclarar que la tarifa técnica propuesta se basa en una determinación técnica de los costos operacionales de una empresa modelo, que lógicamente no es la empresa real. Se trata de una vieja metodología de regulación de empresas de servicios públicos desarrollada en Chile, principalmente, a inicio de los años 80.
La tarifa técnica pues, sería financieramente sustentable sólo si las distribuidoras reales funcionasen con, por ejemplo, mínimas pérdidas no técnicas, mínima nómina, óptima contratación de proveedores y sostenidas inversiones en infraestructuras.
Los desmontes de gastos que habría que hacer en nuestras reales distribuidoras serían traumáticos para cualquier gerencia, y si no lo cree; ¡pregúntele a Edesur!.
EN NÚMERO
7,772
Empleados
Tienen las tres empresas distribuidoras de electricidad que operan en el país, mientras en las naciones donde el servicio es eficiente, el promedio es de 611 trabajadores por empresa. Esto implica un promedio de un empleado por menos de 300 clientes. Edeeste tiene un trabajador por cada 272 clientes; Edenorte tiene uno por cada 286 clientes; mientras en Edesur la relación es de uno por 248.
