Al hospital Robert Reid Cabral han ingresado desde 2015 más de 390 niños abusados y maltratados, cifra que aumenta de manera alarmante si se contabilizan los infantes llevados a otros hospitales y los casos no registrados en estadísticas oficiales.
El año pasado, ese hospital reportó 250 casos de agresiones a niños y niñas, incluidos 63 por abusos sexuales y otros 20 ingresos de menores por intento de suicidio, ominosas señales de que aquí no se observa ni se cumple con el Código del Menor.
En un reportaje del diario Hoy se señala que el número de niñas ingresadas por abusos sexuales, golpes y agresiones es superior al de los varones, pero que todos los casos son remitidos a la Fiscalía del Distrito Nacional, sin que se sepa si los autores de tales acciones criminales son sometidos a la justicia.
Hay que imaginarse que en otros centros infantiles o de referimiento se presentan dramas similares a los que se registran en el hospital Robert Reid, con el ingreso a diario de niños maltratados y abusados, por lo que puede decirse que a nivel nacional la niñez carece de garantía de amparo y de prevención ante la agresión.
Debe repetirse hasta el cansancio que el Ministerio Público funge como tutor de los menores, con mayor autoridad que la propia familia del menor, porque el fiscal tiene autoridad para sustraerlos del fuero familiar si considera que su integridad física o mental corre peligro o ha sido objeto de agresión.
Por cada uno de esos 390 niños ingresados en el Robert Reid con evidencias de golpes o abuso sexual, otros casos se quedan entre las cuatro paredes del hogar, sin que el niño o niña pueda denunciar su padecimiento.
Urge la reactivación de las áreas del Ministerio Público referido a la prevención y persecución de crímenes o violaciones en el Código de Niños, Niñas y Adolescentes, así como la más activa presencia del Consejo Nacional de la Niñez (Conani) contra toda forma de maltrato infantil.
Las alarmantes cifras de violaciones sexuales, golpes, heridas, quemaduras y perdigonazos y abandono de menores es motivo de indignación y vergüenza para autoridades y sociedad que incumplen con un mandato constitucional de proteger a esos seres inocentes e indefensos que representan el porvenir de la nación.
