El Código Penal dominicano en su artículo 76 tipifica una de las acciones consideradas como “traición” al establecer que “toda persona que, desde el territorio de la República, se ponga o trate de ponerse de acuerdo con Estados extranjeros o con sus agentes, o con cualesquiera institución o simples personas extranjeras, para tratar de que se emprenda alguna guerra contra la República o contra el Gobierno que la represente, o que se les hostilice en alguna forma, o que, contra las disposiciones del Gobierno, se intervenga de cualquier modo en la vida del Estado o en la de cualquier institución del mismo, o que se preste ayuda para dichos fines, será castigada con la pena de treinta años de reclusión mayor”. Ahora que el término se ha puesto de moda como falacia ad hominem para ignorar los argumentos en contra del neo-nacionalismo criollo, es bueno que nos detengamos unos minutos a estudiarlo.

El movimiento neo-nacionalista está compuesto por un número considerable de tontos útiles que repiten lo que escuchan y que lamentablemente carecen de suficiente educación como para racionalizar lo que hacen. Sin embargo, ese movimiento también cuenta con una cantidad importante de intelectuales, profesionales y personas muy capacitadas que van desde legisladores, economistas y comunicadores hasta destacados jueces y juristas. Me resulta inexplicable que estos últimos estén siendo incapaces de prever las consecuencias de lo que propugnan.

Me cuesta creer que en una cabeza “bien amueblada” no cruzara la idea de que revocar la nacionalidad a docenas de miles de personas de un plumazo, iba a ocurrir sin la reacción y condena de organismos internacionales. No creo que sea posible que personas bastante inteligentes propugnen por lo que virtualmente sería una deportación masiva de personas sin aplicar el debido proceso y erigir un muro fronterizo, y que ante ello la comunidad internacional guarde silencio. Me preocupa que los cerebros del neo-nacionalismo no reparen ante la realidad de que en caso de que se ejecutaren muchas de sus propuestas, el país sería severamente sancionado y que, más aún, este estaría trillando su camino hasta convertirse un paria internacional. Me preocupa que estos no estén poniendo reparo en que sus declaraciones tremendistas pudieran llevar a personas menos inteligentes que ellos a tomar el camino de la violencia.

Si es un error o fallo en el cálculo de las consecuencias de largo plazo por parte de esas personas, quizás todo lo anterior es perdonable. Pero si, en cambio, la intención es imponer su parecer indistintamente de que el país sea gravemente afectado a sabiendas de que este podría dejar de recibir asistencia de organismos multilaterales, quedar excluido de conversaciones diplomáticas, ser tratado como un paria, ser sancionado por violación sistemática a los derechos humanos de miles de personas y, pero, quedar dividido; lo único que le separaría de una traición “con todas las de la ley” es haber orquestado esto con un Estado extranjero.

Creo que no existe alguien en la República Dominicana que no esté de acuerdo en que el problema de la inmigración ilegal y la situación de Haití deben ser resueltos. Lo que algunos propugnamos es que la estabilidad económica y diplomática del país no sea llevada al traste en todo ese proceso.