Es enorme el beneficio que tanto la nación como los propios involucrados habrían derivado si los expedientes con sospechas de que en ellos hubo corrupción hubiesen pasado el tamiz de un sistema judicial diáfano y se hubiese establecido que en todos se hizo un manejo pulcro de los recursos económicos que implicaron. Siempre será motivo de suspicacia que se eluda el escenario de los tribunales si se tiene la certeza de la inocencia.
Qué ha impedido que no se hayan concretizado investigaciones independientes y transparentes sobre el caso de la Sun Land, sobre los contratos mineros en condiciones tan onerosas para el país, sobre los constantes déficits fiscales que arroja cada ejecución presupuestaria, sobre los contratos eléctricos, sobre los de concesiones, sobre las ventas de inmuebles públicos, sobre las exoneraciones, sobre las pensiones alegremente concedidas, sobre la nómina pública y las nominillas, sobre las auditorías de la Cámara de Cuentas, sobre la compra y contratación de bienes y servicios, sobre barrilitos?
La ausencia de iniciativas judiciales por parte del ministerio público en casos como esos no puede ser justificada bajo ningún subterfugio jurídico, y es lo que explica las razones por las cuales la llamada lucha contra la corrupción pública y privada ha fracasado porque se ha limitado a cebarse contra los casos insignificantes, contra los expedientes donde resulta fácil simular rigor y vocación de sanear, exponiéndose, con tal actitud, la carencia del coraje que se requiere para enfrentar los temas que afectan intereses poderosos.
No investigar de oficio, es decir, por iniciativa propia, sobre ninguno de estos temas, constituye un abandono irresponsable del deber primario de un ministerio público auténtico. Archivar los expedientes sin ejecutar las correspondientes investigaciones en caso de ser apoderado por terceros, no es más que una demostración inequívoca de que se trata de un subordinado acrítico ante quienes tienen la facultad de decidir la permanencia o continuidad en unos cargos tan pésimamente desempeñados.
Esa circunstancia nos remite al sistema de designación de los representantes del ministerio público, en el cual, si bien es cierto que se han experimentado algunos avances, todo se ha materializado con posterioridad a garantizar que la mayoría de los puestos sean ocupados por militantes de determinados partidos políticos por lo que, con sus actuaciones, responden a un proyecto específico de poder y no van, en consecuencia, a hacer nada que pueda afectar las posibilidades electorales de tales organizaciones y sus dirigentes.
