El jurista Luis Yépez Suncar trata en su obra “El juicio político a la luz del debido proceso”, el controvertido tema de procesar a gobernantes y funcionarios acusados de faltas graves y prevaricación en el desempeño de sus responsabilidades públicas.
Es un tema apasionante, cuestionador y cuestionable que conforme el autor de la obra, surge en Gran Bretaña la figura jurídica del impeachment en el año 1376 en la regencia del rey Eduardo I, cuando el Magnum Concilium y la Curia Regis se convirtieron en un solo órgano que devendría en la Cámara de los Lores.
En esa cita histórica donde surge la figura jurídica del impeachment, la Cámara de los Comunes instruye a Sir Peter de la mare presentar ante el Consejo presidido por el duque de Gaunt, investigar las cuentas administrativas resultante de acusar a Lord Latimer, consejero privado y chameberlain del monarca, en contra de Lord Nevil, que intercedió por Lord Latimer, contra Richard Lyons, Ellis, Peachey y Buri, por cargos graves de malversación y fraudes financieros.
Otros impechment en Gran Bretaña registran el año 1450 durante el reynado de Enrique VI contra William Pole, duque de Suffolk, acusado de alta traición, y dos siglos después en 1621 el impeachment contra Giles de Mompesson, acusado de monopolio en oro y bebidas etílicas y de Francis Mitchel, juez de paz acusado de cómplice de Mompesson.
Cuatro siglos después, en 1786, se conoció el impleachment contra Warren Hastings, ex virrey de las Indias, acusado por la Cámara de los Comunes por Burke, el 13 de febrero de 1788, y en siete años de instrucción el caso cerró con absolución del acusado en 1795.
Yépez Suncar obvia el juicio político que el dictador Oliverio Cromwell organizó contra el monarca Carlos I, y luego de 18 meses preso lo condujo al cadalso y lo decapitó el 30 de enero de 1649 en Londres.
También los juicios políticos al rey Luis XVI de Francia, a Maximiliano Roberpierre, que con su histórico voto, condujo a la guillotina a Luis XVI; el juicio y decapitación de María Estuardo por su media hermana Isabel I, de Inglaterra.
En tiempos recientes, el del presidente Salvador Jorge Blanco, el único gobernante dominicano conducido a juicio, condenado a 20 años de prisión y multa de RD$73 millones en dictamen del juez Juan María Severino, producido el 16 de noviembre de 1988, luego de un sainete de diez horas angustiantes, juicio político perverso orquestado por el jurista Marino Vinicio Castillo Rodríguez con una denuncia-querella el 7 de octubre de 1986, con el auspicio del presidente Joaquín Balaguer, que el presidente Hipólito Mejía sobreseyó, conforme consideré desde un principio, por vicio político.
Refiere Yépez Suncar el impeachmet contra el presidente Richard Milhous Nixon el 27 de julio de 1974, que lo condujo a renunciar a la “presidencia imperial” por el escándalo de Watergate el 8 de agosto de 1974.
Los casos dominicanos de juicios políticos además del presidente Jorge Blanco son los del año 1876, cuando la Cámara de Diputados acusó ante el Senado al presidente Ignacio María González Santín, que renunció antes de llegar a juicio.
En 1902 el diputado Ignacio Coradín de la provincia de Samaná acusó ante el Senado a Elías Brache, ministro de Hacienda por malversación, acudiendo a juicio, defendiéndose y absuelto.
El 12 de enero de 1905, el presidente Carlos Felipe Morales Languasco fue acusado de rebelión por el general Horacio Vásquez, produciéndose la renuncia del gobernante para evadir el juicio, sustituyéndole el vicepresidente Ramón Cáceres.
En 1913, la Cámara de Diputados acusó al presidente José Bordas Valdez, siendo descargado por el Senado, y en 1916 la Cámara de Diputados acusó al presidente Juan Isidro Jimenes Pereyra, que no acudió a juicio por estacionarse en su villa de Cambelén, por diferencias con su ministro de Guerra, general Desiderio Arias.
La Cámara de Diputados acusó el 21 de agosto de 1931, al senador Jaime Sánchez y el diputado y su hijo del mismo nombre, por la provincia de Barahona por abandono de sus curules, sin comparecer los dos a juicio, destituidos de sus curules el 16 de septiembre de 1931.
El vicepresidente de la República, Rafael Estrella Ureña fue acusado el 7 de diciembre de 1931 por la Cámara de Diputados por incurrir en actos subversivos, destituyéndolo de funciones, una sucia treta del brigadier y emergente hombre fuerte, Rafael Leónidas Trujillo.
El 7 de diciembre de 1931, la Cámara de Diputados acusó ante el Senado al señor Julián F. Grisanty de abandono de su curul como diputado por su provincia de Montecristi, y destituido el mismo día.
El 17 de abril de 1972, el presidente Joaquín Balaguer remitió a la Cámara de Diputados una acusación contra el síndico de la capital, doctor Manuel Antonio Jiménez Rodríguez, de actividades subversivas, destituyéndole de funciones. El 28 de junio de 2008, la Cámara de Diputados acusó ante el Senado a los nueve miembros de la Cámara de Cuentas, destituidos todos el 4 de julio de 2008.
Los casos recientes de acusaciones de juicio político contra los gobernantes Luis Inacio Lula da Silva y Dilma Rouseff de Brasil y de Otto Pérez Molina de Guatemala, más los referidos omitidos, Luis Yépez Suncar es seguro que los incorporará en una próxima edición de su estudio sobre los juicios políticos.
