El problema de forzar una revisión pública del contrato con la Barrick Gold va mucho más allá que el tema de la seguridad jurídica de las inversiones. República Dominicana no es mundialmente reconocida por su cuidado con la seguridad jurídica, y a la generalidad de los dominicanos parece importarles poco.
El problema con arrojar dudas sobre la permanencia de lo pactado con Barrick Gold es que República Dominicana queda como una nación irresponsable. Que legisladores hayan reconocido que no leyeron el contrato antes de votar, nos dice que ellos son unos irresponsables, pero de ahí a arrastrar a toda la nación en un acto de irresponsabilidad para corregir la irresponsabilidad de ellos, rehuyendo de un acuerdo legalmente pactado y aprobado, traería consecuencias muy negativas.
El proyecto de la Barrick Gold supone la mayor inversión extranjera directa realizada en la República Dominicana, por lo que poner en entredicho de manera oficial lo que originalmente fuera pactado con ellos y aprobado en nuestro Congreso, nos expone ante el mundo como un Estado poco confiable e incumplidor.
Si tomamos en cuenta los ejemplos de otros estados bravucones con los inversionistas como lo han sido Venezuela y Argentina, podemos ver que no obstante uno ser un gran exportador de petróleo y el otro un importante productor de soya, ambos enfrentan una devaluación enorme de sus monedas frente al dólar y una inflación descontrolada que está destruyendo el poder adquisitivo de sus ciudadanos. República Dominicana, que apenas cuenta con turismo como su principal fuente de divisas, no me parece que corra mejor suerte, con la agravante de que el próximo inversionista turístico que considere construir acá pudiera considerarlo varias veces antes de cometer el mismo error de la Barrick.
Por lo general esto conlleva a que se estanque el empleo y que no mejoren los sueldos, el Estado se vea obligado a asumir parte de la carga laboral no satisfecha, y adicionalmente tenga que incrementar sus ingresos con más impuestos sobre los pocos que ya pagan. Esto es algo no muy distinto a lo que ha vivido nuestro país desde el retorno de la democracia, donde hemos tenido que soportar todo un hilillo de líderes bravucones que nos han condenado a décadas de atraso.
Si bien hasta ahora no se ha planteado una nacionalización abierta de la mina, lo cierto es que los efectos de imponer una modificación contractual por la fuerza serían esencialmente los mismos.
¿Se pudieron haber negociado cláusulas más favorables? Quizás. ¿Pudieron haber sido más minuciosos los legisladores antes de aprobar el contrato? Tal vez. ¿Tiene la República Dominicana el derecho de imponer una revisión a un contrato porque los llamados a crear las leyes que le rigen son incapaces de detenerse a leer un contrato antes de aprobarlo? Definitivamente no. Y sería injusto que todos debamos pagar las consecuencias de que se le dé cabida a la idea de un grupo de agitadores a que la nación cometa una irresponsabilidad. En el mundo real, si yo fallo en el pago de mis tarjetas de crédito yo no voy al banco a hacer un piquete para que me revisen el contrato, ¿por qué, sin embargo apostamos que este país viva en el mundo de las fantasías?
