La obtención de mayorías en los procesos electorales, en principio constituye una legitimación de los predominios de las fuerzas políticas victoriosas en los órganos institucionales disputados en los mismos y los que puedan derivarse por ser facultad de tales órganos constituirlos. Si un partido ganó las elecciones, por ejemplo, congresuales, es normal que prevalezca en el congreso y que tenga mayor incidencia en las entidades que este designa.

¿Por qué se dice que se trata de una legitimación en principio? Porque esa legitimidad está y debe estar supeditada a reglas de competencias equitativas, en las cuales todos participen en igualdad de condiciones y ser arbitradas por organismos independientes, formados por miembros que no respondan a intereses particulares de algunos protagonistas involucrados.

Además, aún dadas esas condiciones, el hecho de haber triunfado no puede utilizarse como patente de corso para estructurar una institucionalidad que se traduzca en garantía ante los desmanes incurridos por las élites políticas que determinaron esa institucionalidad. Eso constituye un uso abusivo de las mayorías y desperdicia una oportunidad propicia para elevar los niveles de la robustez democrática.

El PLD y sus gobiernos han actuado en la anterior dirección. No solo han ganado elecciones desprovistas de equidad competitiva, sino que a partir de sus victorias en esas condiciones, han conformado los altos órganos del Estado con el peor de los criterios y la nación ha sido testigo de los beneficios espurios que eso le ha significado y de los perjuicios para el país que ha conllevado.

Esa circunstancia está vinculada a las causas que han generado los crecientes reclamos de la ciudadanía por el combate a la corrupción y el fin de la impunidad, un hecho inimaginable hasta hace poquísimo tiempo.

Este artículo se escribió antes de este lunes, día en que debió reunirse el Consejo Nacional de la Magistratura para iniciar el procedimiento para integrar un nuevo Tribunal Superior Electoral y sustituir varios magistrados de la Suprema Corte.

Valoro ese acontecimiento como una oportunidad para cualificar ambas instituciones incorporando profesionales que gocen de aceptación y proyecten la idea de que con ellos esas entidades han avanzado. No considero eso porque el PLD quisiera que sea así. Por él, se repitiera la historia de su avasallamiento.

Pero el momento político lo desfavorece y no es tonto para no contemplar lo perjudicial que sería reiterar una política de imposición mecánica de una mayoría que atraviesa un trance sumamente complicado.