El Gobierno ha comenzado a inquietarse con la persistente campaña internacional de descrédito contra el país, por parte del mal agradecido farsante con sotana Christopher Hartley.
Y para mí esa naciente preocupación oficial tiene una significación especial, porque durante años he sido como la voz que clamaba en desierto, alertando sobre la necesidad de que se hiciera frente a la agresión del malvado cura.
Sin embargo, a nadie en el Gobierno parecían importarle las imputaciones calumniosas de Hartley en los foros internacionales que le han abierto la puerta, lo que permitió que su amenaza contra nuestra honra y contra nuestra economía se erigiera en un amenazante mostruo.
Siempre he creído que nuestras autoridades debieron enfrentarlo desde que empezó su campaña de maledicencia apoyándose en su condición de párroco de la Iglesia Católica en Los Llanos.
Tal vez así lo habrían expulsado de la diócesis de San Pedro de Macorís antes de que hiciera tanto daño como el que hizo en esa zona, y quizás no habría continuado sus ataques desde Nueva York, y finalmente desde Etiopía, en Africa.
Pero la inacción oficial lo dejó afianzarse tanto en sus andanzas contra el país, que desde Alfrica él pretende estar mejor informado acerca de la situación de los trabajadores cañeros y de la industria azucarera en el Este, que el propio párroco actual de la iglesia que él dirigió.
Y desde allá les discute tanto a los haitianos residentes en la zona, que aseguran padecer las mismas penurias que los dominicanos más pobres, como al presidente de Haití, René Preval, que ha dicho que sus conciudadanos residentes en territorio dominicano viven mejor que cuando estaban allá.
Claro, entiendo que Hartley tiene que justificar el dinero que recibe de organizaciones internacionales, aunque no concibo que tenga que mentir.
Pienso que como a él le preocupa tanto la situación de los haitianos ha debido diligenciar su traslado a Haití, donde su ministerio encontraría bastante qué hacer para justificar ante sus patronos el dinero que le pagan.
Mientras tanto, el Gobierno dominicano no debería limitarse a pedir la intervención de la Iglesia Católica para forzar a Hartley a descontinuar sus ataques.
Deberíamos, entre otras cosas, colocarle impedimento de entrada a República Dominicana y sancionar como establezca la ley a sus cómplices en la zona Este, entre los que es señalada con insistencia la abogada Noemí Méndez.
Ya empezamos a enfrentarlo y no debemos darle tregua. Y no estaría de más airear sus cuentas pendientes en Los Llanos, que son bastantes, y la iglesia dominicana tiene pruebas de ellas.
