Si se quiere, se puede
El informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) contrario a la construcción de la proyectada cementera en las proximidades del Parque Nacional Los Haitises se erigirá en otro referente de que cuando el pueblo quiere, se puede.
No importó el hecho de que el Gobierno, a través de entidades con tanta autoridad para aprobar o rechazar propuestas de esa naturaleza como la Secretaría de Medio Ambiente, pareciera decidido a echar a andar ese proyecto de iniciativa privada en ese lugar.
Llegó a decirse incluso que la cementera del Consorcio Industrial Dominicano sería instalada en la comunidad de Gonzalo pesárale a quien pudiera pesarle.
Pero el pueblo dominicano, a través de numerosas organizaciones y mediante encuestas, se plantó de frente y advirtió que no lo permitiría, y forzó finalmente a las autoridades y al consorcio privado a cambiar de opinión.
Creo que el principal error de los empresarios que prepararon el proyecto de la cementera fue tratar de forzar su instalación en contra de la opinión generalizada en sentido contrario.
Tal vez habría sido sabio evitar la radicalización de la parte contraria a su proyecto, ya que incluso en el aspecto comercial eso no les convenía.
Porque entre los opositores a la ejecución del proyecto en ese lugar, que desde el principio eran muchos, podía haber una buena cantera de clientes.
Además, a pesar de que la tendencia actual en el mundo es a que la fabricación de cemento sea relegada a lugares muy específicos, en la República Dominicana queda todavía bastante terreno donde pudiera ser instalada una cementera sin ocasionar daños mayores al medio ambiente.
Y viene a reforzar esta idea el hecho de que horas antes de conocerse públicamente el contenido del informe del PNUD, el Consorcio Industrial Dominicano anunciaba a través de los medios de comunicación su decisión de instalar su cementera en otro lugar.
O sea, que queda claro que no era necesario llegar tan lejos.
Era innecesario también gastar lo que se haya gastado en la búsqueda de la opinión del PNUD, sobre todo por tratarse de fondos públicos.
Porque somos el resto de los dominicanos los que tuvimos que costear la intervención del indicado programa de la ONU, mientras el consorcio auspiciador de la cementera se lava las manos al anunciar que ha decidido mudar su proyecto.
Pienso que tal vez deberíamos cobrarles el costo de ese informe, a través de los medios que la ley haya dejado a nuestra disposición.
