La Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (Fenacerd) calificó hoy como “muy complejo” el esquema tributario del país y advirtió que esa condición, sumada a los largos procedimientos de formalización, sería un obstáculo para aplicar la Ley 155-27 contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Manuel Ortiz Tejada, presidente de la entidad, manifestó que en el país existe un alto nivel de informalidad no sólo en la micro, pequeñas y medianas empresas, sino también en el patrimonio.
“Sólo basta con señalar que gran parte de la ciudad de Santo Domingo está construida en terreros sin los certificados de propiedad de sus ocupantes, así mismo sucede en los sectores rurales y urbanos del interior”, dijo al pronunciar el discurso que abrió el primer debate sobre la Ley 155-17 contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, coordinador por la Fenacerd.
Precisó que “el l 95% de las micro empresas es informal, el 70% de las bancas de loterías son ilegales, talleres de reparaciones informales, salones de bellezas informales, al igual que colmados y colmadones, la informalidad campea en todo el territorio nacional”.
Ortiz Tejada destacó que otro obstáculo para aplicar la referida norma es que la mayoría de las ventas en el país (70 %) se realizan en efectivo.
Adujo que en fincas y mercados diariamente se llevan a cabo operaciones millonarias de frutos y vegetales, en algunos casos hasta sin facturas
“Los formalizados viven una pesadilla con una complejidad, cada vez mayor, para cumplir con las obligaciones tributarias.
Esto ha implicado contratar personal especializado en el tema impositivo, con la correspondiente cantidad de tiempo a invertir, perdiendo de vista la viabilización de los procesos de competitividad, tan esenciales en el mundo de hoy.
La situación es difícil, y muchos piensan que puede empeorar, pero entendemos que puede cambiar para mejorar si aplicamos la equidad, justicia y transparencia”, dijo.
Manifestó que la Fenacerd saluda la implementación de la Ley 155-17. Entre sus bondades destacó que insertaría el país en las normativas internacionales de combate a la corrupción y la impunidad.
