Además de los tres jueces cancelados el viernes por el Consejo del Poder Judicial (CPJ, abogados y secretarios del Palacio de Justicia de la provincia Santo Domingo conformaban parte de la mafia que manipulaba audiencias para favorecer a personas ligadas al crimen organizado, en especial casos de tráfico de droga y corrupción.

El dato salió a relucir en en el juicio disciplinario en que fueron destituidos los jueces Víctor Mejía Lebrón, Rosó Vallejo Espinosa y José Dionisio Duvergé Mejía, acusados de manipular sentencias para favorecer a personas ligadas al narcotráfico y corrupción.

Durante el juicio fue interrogada como testigo a cargo la magistrada Marcia Raquel Polanco de Sena, coordinadora del Juzgado de la Instrucción, quien dijo detectó que en esa jurisdicción había secretarios que se dedicaban a manipular el libro de entrada de los expedientes para que casos específicos fueran a parar al Quinto Juzgado de la Instrucción, el cual era operado por uno de los jueces cancelados el viernes.

La magistrada Polanco de Sena declaró que el dato lo obtuvo de uno de los jueces del turno de la noche, quien en confidencia le manifestó que había un problema que él estaba observando con el manejo del libro cronológico de entrada de los expedientes por parte de los secretarios de ese turno.

Ese juez le declaró que estaba ocurriendo un manejo incorrecto del libro cronológico con la finalidad de que los procesos cayeran en un juzgado específico, específicamente en el Quinto Juzgado de la Instrucción, según explicó la magistrada.

De acuerdo a la magistrada Polanco de Sena, ese juez le narró que los secretarios, específicamente el de recepción, que es el que recibe las solicitudes de medida de coerción, retenía determinados procesos, en especial de drogas, para que luego cayeran en el Quinto Jugado de la Instrucción, en donde los imputados salían en libertad con variaciones de medida de coerción.

Abogados implicados

La sentencia contra los jueces cancelados refiere también casos de abogados que engañaron a sus clientes con la cantidad del dinero que supuestamente pedían los jueces para resolver los expedientes.

El 23 de junio de este año, el Consejo del Poder Judicial interrogó como testigo a cargo al estudiante de derecho Francisco Javier Batista Cruz, quien confesó haberse reunido con el juez José Dionisio Duvergé Mejía para gestionar la libertad del imputado por narcotráfico Julio Rondón a cambio de 10 mil dólares.

Batista Cruz declaró que fue un abogado de apellido Nuñez quien gestionó la libertad de Rondón con el juez Duvergé Mejía a cambio de 10 mil dólares.

Sin embargo, añadió, dicho abogado le dijo a su cliente que el juez estaba cobrado 25 mil dólares para ponerlo en libertad.

El testigo a cargo narró que puso en conocimiento de la situación al imputado y que éste llamó al abogado Núñez y que le dijo, “pero bueno, a ti te han dicho que sí porque tú le estás hablando de diez mil dólares (al juez), pero tú no me estás pidiendo eso”.

UN APUNTE:

Siguen ahí
A pesar de que la sentencia refiere el caso de secretarios que se dedicaban a manipular el libro de recepción de los expedientes para que cayeran en tribunales específicos, no se conocen casos de cancelaciones ni de sometimientos por ese hecho.