AMÍN PÉREZ
La desesperante crisis social que vienen azotando las economías domésticas dominicanas en subsistencia cotidiana, nos hace cuestionarnos sobre los mecanismos y dispositivos llevados acabo por la administración pública. Entiéndase, ¿cómo se ha llegado a este estado de cosas? Dos vertientes del accionar gubernamental pueden ayudarnos a vislumbrar esta incógnita.
De un lado, cabe señalar que, desde unos tiempos para acá, existe un fenómeno de transformación política basado en la transferencia de ciertos poderes públicos al sector privado, véase en la indiferencia total del primero ante cuestiones esenciales referentes a las poblaciones más desposeídas de la Nación. Basta un simple vistazo a ciertos núcleos de producción económica nacional, para constatar estos aspectos.
El cierre de los ingenios Catarey y Esperanza en 1987 presagiaba ya la marea encaminada por el gobierno de entonces, en el abandono del quehacer público a la actividad azucarera y sus trabajadores. Tarea que prolongó hasta el final de su mandato. A esta misión le siguió la Ley General de Reforma de la Empresa Pública (1997) cediendo a inversionistas privados los ingenios públicos , sumado a la corrupción y negligencia ante este sector por el cuatrienio posterior. Como resultante, el cierre de 8 centrales azucareras se tradujo en la sentencia fulminante de un desempleo masivo de poblados, sin soporte institucional firme alguno.
Los empleados del sector de Zonas Francas corren diferentemente el mismo infortunio. Si a las precarias condiciones laborales e ínfimas remuneraciones, le agregamos la incertidumbre cotidiana creciente de los trabajadores, renovada por los despidos de principios de año, comprenderemos por qué la desesperanza social se encuentra en Progreso. No es para menos. 70 mil puestos han sido suprimidos desde el año 2000. Esto, sin agregar la desaparición de cientos de empleos informales que bordeaban una treintena de fábricas en la zona norte, cerradas desde el 2006.
Este proceso de desheredación del Estado dominicano ante sus ciudadanos, ha venido acompañándose, por otro lado, de una intervención sobre las consecuencias nefastas por las cuales la desatención de los responsables de turno estuvo al origen. En otras palabras, como lo señalara el sociólogo P. Bourdieu, a propósito del auge neoliberal en Europa, pasamos de una política de Estado buscando actuar sobre las estructuras mismas de la distribución, a una política buscando simplemente corregir los efectos de la distribución desigual de recursos. A tal punto de convertirse en una norma.
Recientemente el Plan Social de la Presidencia estuvo vestido de una campaña de 600 mil cajas y 30 mil fundas (con la distinguida mención de E palante que vamos!). Esta especie de Caridad de Estado, como la denominara Bourdieu, de una violencia política atroz ejercida oscuramente en su seno (tanto por su naturaleza populista-clientelista como por su desfachatez ante la indigencia social) , refleja la modalidad política emprendida por los gobernantes. Es como si tratara de una limosna donada bondadosamente, de la cual tendríamos que sentirnos agradecidos. Olvidando por ende que es deber del Estado ejercer su deber y, haciéndonos olvidar nuestra dignidad y derechos ciudadanos.
Así se ha venido ejerciendo y ejercitando este orden político. Este tipo de prácticas dirigidas a silenciar, divertir y entretener las categorías sociales más desprotegidas , ha sin dudas contribuido a materializar cada día este proceso de renuncia del Estado. Pero, ¿habrá este fenómeno, favorecido de igual modo la transformación de estos grupos de sujetos de derechos a objetos a derechos (i.e., del goce y participación plena de los derechos cívicos a una abstracción ciudadana?
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