Por el artículo pasado, recibimos algunas comunicaciones de maestras y de alumnas y madres de estas, reconociendo la impunidad en que los crímenes de género se realizan en las escuelas públicas del país, ante la total indiferencia de las autoridades. Hablábamos el caso de una docente que, en 2012, denunció a su agresor, un director del plantel público donde ella daba clase, y por haberlo hecho, ha sido condenada al ostracismo por el sistema ciego al género.

En marzo de 2015, el Equipo del Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo, de la UNESCO, y la Iniciativa de las Naciones Unidas para la Educación de las Niñas (UNGEI) presentaron conjuntamente en el 59º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en Nueva York, un documento titulado: “La violencia de género relacionada con la escuela impide el logro de la educación de calidad para todos”.

Este documento, sostiene que “la violencia de género relacionada con la escuela es una inquietud mundial que impide a los menores, especialmente las niñas, ejercer su derecho a una educación segura, integradora y de calidad. En él se solicita un enfoque sistemático y armonizado para detectar, vigilar y comprender este tipo de violencia, además de intervenciones normativas firmes para formular soluciones específicas que permitan ocuparse del problema con eficacia”.
En nuestro país, la situación de las escuelas públicas en general, es grave respecto a las violencias sexuales contra las niñas, sobre todo, así como también contra personal docente y administrativo, manteniendo a maestros agresores dentro del sistema dando clases, ya sea trasladados a otros centros o en el mismo lugar donde delinquen.
Sin embargo, existen estudios suficientes acerca del fenómeno de violencia de género en el sistema educativo, así como convenciones que destacan la importancia de que la educación empodere a la niñez y adolescencia frente a los crímenes sexuales en el ámbito escolar y familiar, donde son más vulnerables.
La historia de alumnas en la adolescencia que tienen hijos con maestros es frecuente y aceptada por el sistema que ampara al maestro violador, a partir de comisiones disciplinarias establecidas por el propio Ministerio, en franca violación con la ley penal: las relaciones sexuales de un adulto con una menor, son siempre violaciones, de acuerdo a la ley.

También son muchas las denuncias tapadas de maestras acosadas y violadas por directores o compañeros de trabajo, sin que el MINERD y la misma ADP, como gremio, termine por asumir la responsabilidad institucional contra estas violencias basadas en el género.
A qué se espera?