El pasado 28 de octubre tuve conocimiento directo de esta situación, durante el sepelio de un conocido cuyo ataúd los familiares tuvieron que disponer que fuera destruido en las condiciones descritas.
Lo peor de todo es que una patrulla policial se acercó al panteón para advertir a los asistentes al entierro que apresuraran la ceremonia, porque corrían peligro de ser asaltados si esperaban la noche.
Eran apenas las 6:15 de la tarde, y la patrulla policial, en lugar de quedarse allí para proteger a los deudos, asumió una irresponsable actitud, propia de las sociedades en decadencia, que afortunadamente todavía no es nuestra situación, a pesar de los indicios.
Ofrezco el dato de día y hora para que la autoridad policial -que sabe por dónde andan sus patrullas en cualquier momento- tome nota, pues se supone que los agentes están para proteger a los ciudadanos y no para dejar campo libre a los delincuentes que azotan en los cementerios.
Llegados los niveles de peligrosidad y de falta de respeto que campean en los camposantos públicos, el presidente de la República haría bien en crear un organismo que podría ser una Dirección Nacional de Cementerios, de manera que una autoridad central se encargue de la seguridad de esos lugares.
Es cierto que los cementerios son responsabilidad de los Ayuntamientos, pero, ante la deserción de esas corporaciones en el cumplimiento de su deber, alguien tiene que comenzar a preservar la memoria de los difuntos.
