En Brasil cinco ministros y no sé cuántos funcionarios importantes han sido cancelados por la presidenta Dilma Roussef, ante denuncias de corrupción, muchas de ellas en los medios de comunicación.
En Brasil hay, de parte del Poder Ejecutivo, una voluntad política para impedir el robo de los recursos del Estado, que son los recursos del pueblo. En Brasil, uno de los países más grandes del mundo, los funcionarios saben a qué se atienen si meten la mano. Si lo hacen terminan fuera de sus puestos, evidenciados ante el pueblo, y probablemente en la cárcel.
Pedro Novais, de 81 años, ministro de Turismo, utilizaba un chófer, pagado por el Estado, en labores personales. Fue destituido. En la República Dominicana la mayoría de los ministros tienen privilegios exorbitantes. Salarios millonarios, bonos tres veces al año, celulares, escoltas, vehículos de lujo, combustible, tarjetas de crédito para gastos de representación, viajes al extranjero en primera clase, dietas en dólares y euros, esposa, amantes, etc., a costa del Presupuesto Nacional. ¡Y eso no incluye el soborno, la extorsión, el chantaje, las comisiones y las sobrevaluaciones!
Más de cien denuncias graves de corrupción acompañan la presente administración. Todos los días aparecen en los medios de comunicación actos de corrupción. Sin embargo, el Presidente, contrario a lo que hace la presidenta de Brasil, ni se inmuta. Cada funcionario es dueño, como si lo hubiera heredado, de la posición que ocupa.
En Bolivia, el presidente Evo Morales, que no terminó el bachillerato, en 17 meses erradicó el analfabetismo de su país. Hoy todos los bolivianos saben leer y escribir, según lo reconocen los organismos internacionales. En la República Dominicana el Presidente incumple su propia ley del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación. De igual moto le niega un presupuesto justo a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde él estudio. La universidad estatal, la más vieja del Nuevo Mundo, la universidad a la que tienen acceso los hijos de los pobres.
