Lo que se vislumbraba desde hace unos meses se ha iniciado casi simultáneamente por las tres grandes regiones del país. Distintos sectores sociales están demandando mediante acciones de masas la distribución más equitativa del presupuesto nacional, exigencia siempre ignorada por los gobiernos.
Mientras Leonel Fernández anunciaba en la Asamblea Nacional la construcción de nuevos Metros, ignoraba a la gente de a pie que venía demandando calles asfaltadas, aceras, contenes, carreteras, puentes, caminos vecinales, agua potable, más y mejores escuelas y edificaciones para los centros universitarios regionales.
También, alza salarial, mejoría del servicio de electricidad, de salud y disminución del costo de la canasta familiar. Exige, además, que el primer ejecutivo de la nación detenga la corrupción gubernamental, las obras faraónicas, que deje sin efecto los sueldazos de sus altos funcionarios y muchos otros privilegios irritantes.
Preocupado por la oleada de protestas el jefe del Estado se ha reunido con el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana con el propósito de contener lo que se perfila como un vigoroso movimiento reivindicativo, cuyas causas están en la extrema concentración de riqueza y poder, así como en la insaciabilidad de las élites privilegiadas.
Por lo visto, el gobierno cree mucho más efectivo el uso de la fuerza que la inversión económica en obras que permitan disuadir esas protestas. No obstante las intrigas que lo acusan de conspirativo, el movimiento popular no se ha propuesto desestabilizar al gobierno, sino persuadirlo para que actúe a favor de sus demandas.
Bien haría el Presidente Fernández si escucha esos reclamos reivindicativos y se encamina a satisfacerlos. No se debe alegar falta de recursos para ello, porque en este momento el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha otorgado un crédito de unos 360 millones de dólares al país, cuya economía -según el mandatario- está por demás blindada.
Debe recordar el jefe de la nación que los acuerdos de PetroCaribe buscan establecer un modelo de distribución más equitativa de las riquezas, sobre todo en un momento en que las dos terceras partes de la población mundial no tienen acceso a los beneficios de los combustibles fósiles, y cuando Venezuela nos los proporciona con créditos blandos.
Como Fernández se ha declarado devoto de las enseñanzas cristianas y de la conmiseración con los más pobres, al menos esta vez debe poner atención a lo que son las demandas de la gente, acopiando aquella creencia de su fe cristiana y democrática que establece que la voz del pueblo es la voz de Dios.
Ojalá los más afectados por las desigualdades económicas y sociales sean escuchados en sus reclamos, porque sería una verdadera pena que la gente siga lamentándose que hasta ciertos insanos mentales escuchen la voz de Dios y un presidente en disfrute de todas sus facultades, que se precia de católico y democrático no.
