Aunque imagino que la aspiración de la mayoría de nosotros es a que el 2021 sea un año muy aburrido, luego de vivir la montaña rusa de emociones que ha sido el 2020, la realidad es que gran parte de este nuevo año no será distinto a como terminó el 2020 y la agenda debe girar en torno a como mitigar el impacto de la actual crisis.

El Ministerio de Salud Pública anunció que el plan de vacunación en nuestro país estaría iniciando en marzo del 2021, y es poco probable que exista una “normalidad”, dentro de lo que cabe luego del 2020, hasta el último trimestre del 2021 cuando ya la mayoría de la población esté vacunada frente al COVID-19.

Hasta que llegue ese momento, hay muchas acciones disponibles para el Estado no sólo para atender el daño inmediato que el virus está provocando a la economía, sino atender a problemas históricos del país cuya solución puede devenir como un efecto secundario de combatir el virus.

El Estado no sólo debe normar el teletrabajo como un mecanismo de ejecución de los contratos laborales, sino que debe establecerlo como la principal forma de trabajo para los servidores civiles del Estado, y para el sector privado incentivarlo con créditos fiscales para que las empresas lo mantengan no sólo por su efectividad para combatir la propagación del virus, sino por su impacto en el tráfico de las ciudades y el consumo general de combustibles.

Así mismo, el Estado debe impulsar una dramática digitalización de sus servicios y facilitar que los ciudadanos puedan autoservirse en la mayoría de sus requerimientos a la burocracia estatal.

Esto, nuevamente, no sólo porque sea efectivo para reducir el contagio con el virus evitando las aglomeraciones en las oficinas estatales, sino por la reducción significativa de costos para el Estado en procesos, tiempo, papelería y espacio físico, lo que pudiera redundar en ahorros significativos justo cuando el Estado necesita todo el dinero que encuentre para ayudar a relanzar la economía del país.

Por su lado, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo deben auxiliar al Poder Judicial impulsando modificaciones a los códigos y leyes de forma tal que se establezca una alternativa digital para los distintos procesos y actuaciones judiciales, así como, en general, de la contratación y formalización de actos jurídicos en el país.

Esto, de nuevo, no solo porque evita la propagación del virus reduciendo los contactos físicos, sino por la inmensa reducción de costos para la justicia y los ciudadanos que buscan acceder a esta, así como para agilizar dramáticamente los procesos ante esta.

Como estos tres ejemplos, existen muchísimas oportunidades de mejora disponible para el Estado y todas las entidades que le componen que pueden ser implementadas como parte de la “emergencia” utilizando la “excusa” del virus, que no sólo tendrían un impacto directo para mitigar el efecto del virus en nuestra economía a corto y mediano plazo, sino que servirán de zapata para que una vez se produzca la reapertura definitiva, la economía dominicana puede despegar con mayor fuerza y con un Estado modernizado y eficiente.

Por. Orlando Gómez
orlando.gomez@gmail.com