El movimiento Participación Ciudadana ha documentado múltiples violaciones a la ley electoral durante el actual proceso, que si bien no ponen en peligro las votaciones del 5 de julio, no dejan de generar preocupación, toda vez que las anomalías atentan contra la transparencia y la equidad.

En lo que resta de una campaña incidentada tanto por la pandemia del coronavirus como por otros factores la Junta Central Electoral (JCE) tiene que emplearse más a fondo para evitar que las violaciones se conviertan en un verdadero trauma. El movimiento cívico significó que “el actual proceso electoral está plagado del mismo comportamiento antidemocrático, inequidad y falta de transparencia que se quiso corregir con la Ley 15-19 de Régimen Electoral”.

O sea, que en la práctica la aclamada legislación, que se tenía como un dique para los desafueros que han caracterizado los procesos electorales, ha sido letra muerta. Participación Ciudadana señala que la JCE no ha cumplido con el artículo 211 de la Constitución que la reviste de autoridad para garantizar liberad, transparencia, equidad y objetividad en las elecciones.

Citó la utilización de recursos públicos, funcionarios que son candidatos sin pedir licencia de sus cargos y la falta de persecución de los delitos electorales.

Es cierto que el tribunal electoral ha desplegado un gran esfuerzo en la organización del actual proceso, pero no ha de olvidarse que es su misión. Las violaciones documentadas por el movimiento cívico son para que la JCE actúe con responsabilidad.