A partir de hoy comienzan las negociaciones entre Gobierno e intervinientes en el sector eléctrico en procura de un acuerdo que permita superar una crisis eléctrica que por muchos años atasca el desarrollo de la economía y castra la calidad de vida para la mayoría de la población.

Los más ilusos aspiran a que dentro de seis meses, las partes hayan arribado a un acuerdo que permita que el 20 de julio se firme el anhelado Pacto Eléctrico, aunque son tantos los intereses que se intentan preservar que lo mejor es reeditar la expresión aquella de “ver para creer”.

Las discusiones en torno a ese posible acuerdo sobre generación, transmisión y distribución de electricidad se realizarán en el seno del Consejo Económico, Social e Institucional (CESI), aunque se asegura que la mayoría de los sectores involucrados con el tema eléctrico ya tienen su propuesta.

El Gobierno iría a ese foro con la premisa de que construye dos plantas de generación eléctrica a carbón que producirían en conjunto más de 700 megavatios, disponibles a principio de 2017, lo que obligaría a empresas generadoras a acoger el planteamiento oficial de modificar la matriz en el uso de combustibles.

El diálogo por el Pacto Eléctrico debería partir desde el razonamiento de que la economía dominicana ni la población resisten precios tan elevados de la tarifa eléctrica, que en el menor de los casos duplican a los vigentes en naciones competidoras en términos de exportación, comercio e inversión.

En la agenda de esa reunión se debería debatir el destino de las empresas distribuidoras y las recetas adecuadas para que sus operaciones no generen pérdidas anuales por más de mil 500 millones de dólares, lo que se atribuye a los factores de energía cara y de consumidores que no pagan por el servicio.

Prevalece el temor de que empresas generadoras y mentados productores independientes intenten doblar el pulso al Gobierno y pretendan una prolongación en el tiempo del mentado Acuerdo de Madrid y de otras concesiones graciosas que convierten al sector eléctrico en inoperable barril sin fondo.

A lo que se aspira es a que se firme un Pacto Eléctrico, que no sea fruto de la imposición de ninguno de los sectores intervinientes y que garantice un servicio eléctrico eficiente y competitivo, basado en relaciones de transparencia entre intervinientes, pero sobre todo, que cesen las transferencias de fondos estatales hacia ese barril sin fondo.