Desde un primer momento, el debate en torno al Presupuesto General del Estado 2012 fue mal encaminado porque la discusión no debió centrarse en la pertinencia de que se aumente tal o cual partida, en razón de que fue un proyecto atado a un acuerdo con el FMI que le mutiló posibilidad de movilidad al gasto publico.

Lo importante no es estar a favor o en contra de que se destine el 4% del PIB a la educación, sino si es posible cumplir con esa ley a partir de los ingresos previstos y de las metas que debe cumplir el gobierno.

En esa Ley de Gastos se hizo un gran esfuerzo por conciliar lo posible con lo ideal como lo demuestra el hecho de que Educación (13%) y Salud Publica (11%) son punteros en la asignación, con incrementos en el primero de 20 mil millones y de unos seis mil millones en el segundo.

Para que se tenga una idea del nivel de atadura de ese ley con respecto al acuerdo con el FMI, se señala que la transferencia al Banco Central para cumplir con la ley de capitalización de esa entidad ascenderá en 2012 a 23 mil 834.3 millones de pesos, una suma mayor que las asignadas a 19 ministerios e instituciones públicas.

En diciembre, el Gobierno debe trasferir al Banco Central 4 mil millones para completar los 18 mil millones consignados en el Presupuesto 2011, una suma tres veces mayor a la del ministerio de Turismo (RD$1,025.72).

Esa ley que procura conjurar el déficit cuasi fiscal del Banco Central en un periodo de diez anos, es consecuencia del desastre que se produjo durante la segunda mitad del gobierno de Hipólito Mejía, cuando quebraron grandes bancos y se fue a pique la macroeconomía, con pérdidas del 23% de las riquezas acumuladas desde el día antes de la llegada de Colon.

En tres anos, el Poder Ejecutivo habrá transferido al Banco Central unos 67 mil millones de pesos para el cumplimiento de una ley que procura recoger un enorme déficit generado durante la administración del presidente Mejía. Ese dinero tendría mejor destino en Educación, pero no se puede.

El presidente Mejía dijo que se sintió avergonzado por la gran cantidad de cónsules y vicecónsules en Europa y Estados Unidos, pero esa indignación debería sentirla también porque los contribuyentes pagaran casi 70 mil millones de pesos por el desastre durante su gobierno.

Relaciones Exteriores apenas tendrá en 2012 una partida de 4 mil 937 millones, por lo que esos funcionarios no constituyen causa básica de que a la educación no se le asigne más recursos.

Como paradoja de la vida, los contribuyentes dominicanos pagarán por 10 años más de 200 mil millones de pesos a causa de la desgracia económica y financiera acaecida durante una gestión cuyo presidente se ha convertido en un abanderado del 4% para la educación.