Para poder competir con relativo éxito en una contienda electoral se requiere que el partido y su candidato diseñen y concilien una estrategia y un discurso temático que eviten la improvisación y garanticen que las ofertas programáticas resulten atractivas a los diferentes segmentos de la población votante.

Por lo que se ha visto en los primeros meses de precampaña presidencial, el PRD y su candidato no han podido armonizar un planteamiento creíble con respecto a ninguno de los ámbitos objetos de debate, deficiencia que se suple con inmediatismo, sin que ningún estratega logre tintar el discurso político con algo de racionalidad.

Tan pronto el candidato pudo desatar las amarras de sus cuerdas vocales, ha dado riendas sueltas a expresiones estrambóticas como las de recomendar a productores agrícolas no pagar al Banco Agrícola, advertir que de alcanzar la Presidencia no honraría deudas contraídas por las actuales autoridades o de que vencería a su oponente aun sea a las trompadas.

Si algún activo político debe promover un aspirante presidencial ha de ser la certidumbre que se expresa en seguridad jurídica, estabilidad macroeconómica y respeto a la normativa de continuidad del Estado, pero el PRD y su candidato han resuelto realizar una campaña electoral basada en el miedo, terror y temor.

Otra nota discordante en la estrategia electoral perredeista ha sido la infeliz iniciativa de denunciar ante instituciones internacionales la supuesta intención del Gobierno de usar recursos del Estado a favor del candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), porque lo primero que deberían saber es que la campaña electoral no ha iniciado formalmente.

Se pretende que el Gobierno paralice el programa Solidaridad, que no asfalte calles, avenidas, autopistas, caminos vecinales, que no pague la deuda de los arroceros y otros productores agrícolas, que no capitalice al Bagrícola, que no amplíe los servicios del Promese ni de los programas de Ventas Populares, que no aumente los salarios de guardias y policías, entre otras iniciativas oficiales, porque benefician en términos electorales al licenciado Danilo Medina.

Lo mejor sería cerrar al Gobierno y abrirlo después de las elecciones o no ponerle atención a los efectos que el choque de la crisis global ha producido sobre los sectores vulnerables de la población para que así el candidato del PRD pueda detener su declive en picada.

Lo más peligroso de esta marcha en zigzag ha sido la campaña de denuestos contra la Junta Central Electoral (JCE) con el propósito de justificar una eventual derrota en los comicios del 20 de mayo de 2012 bajo el pretexto de que se ha cometido fraude, porque lo que en verdad se procuraría es una desestabilización política e institucional.

A la democracia dominicana le conviene que el PRD organice su desorden y que ajuste sus expectativas a una realidad objetiva que marcha en vía contraria a los excesos de quienes quieren obligar al electorado a ingerir una candidatura como si fuera un purgante.