En nuestro país se ha hecho ley la costumbre de que, ante una denuncia o acusación sobre un hecho punible, el fardo de la prueba queda a cargo del imputado y no del denunciante, lo que contradice el orden jurídico y procesal vigente, basado en el principio de que la duda favorece al inculpado ( Indubio pro reo).

Si a usted lo acusan de ladrón o de amasar fortuna por vía ilícita, lo lógico sería que su acusador presente ante la Justicia el fardo de pruebas, pero aquí se pretende que cada vez que algún desarrapado atente contra la reputación de un ciudadano, sea éste el que se obligue a demostrar la falsedad de la acusación.

Es por eso que lo aconsejable es que todo el que se sienta agraviado por una acusación o por expresiones afrentosas que dañan su reputación, debe acudir por ante los tribunales y reclamar de su agresor que presente las pruebas de sus afirmaciones o reciba las sanciones penales y civiles cónsonas con el agravio.

Se parte también de la máxima jurídica que señala que todo aquél que alega un hecho en justicia ha de probarlo, en caso contrario, el demandado queda absuelto (actoris incumbit anus probando, actore nom provente, reus absovertur), por lo que la persona que se considere agraviada por una imputación infame solo debe demostrar el daño sufrido, en tanto a su oponente le toca probar la imputación.

En el caso referido a la doctora Margarita Cedeño, a sus detractores les corresponde probar el hecho que le imputan, pero además tendrán que confrontar al Ministerio Público que seguramente presentará la acusación de uso de documentos falsos, una infracción de carácter criminal, tipificada como tal en nuestro Código Penal y en la Ley Monetaria y Financiera.

Lo más importante de esta amarga experiencia para una ciudadana en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, ha sido su decisión de proceder contra sus detractores en los tribunales de la República, porque este proceso servirá de referente para que cada quien sepa a qué atenerse cuando incurra en difamación e injuria.

Resulta extraño que políticos, líderes de opinión y reputados abogados aconsejen a la doctora Cedeño a demostrar la falsedad de las afrentosas acusaciones formuladas en su contra, cuando esa obligación la ley y la normativa procesal las ponen a cargo del acusador y deja a la agraviada la sola tarea de demostrar que ha sufrido un daño punible que debe ser reparado en justicia y en derecho.

En un interesante seminario sobre Valoración de las Pruebas, auspiciado por la Escuela Nacional de la Magistratura, se señala que no hay pruebas legítimas si la ley escrita no ha indicado su especie y su intensidad y que no existe prueba cuando no concurra una circunstancia a la que la ley le haya dado fuerza. Este juicio y sus consecuencias serán aleccionadores.