Obligar mediante una ley a depositar el diez por ciento de los fondos de pensiones en un único banco, contradice el principio constitucional de libre empresa y coloca en imprudente riesgo recursos de empleados y trabajadores que requieren estar lejos del clientelismo, improvisación o de cualquier aventura.

El proyecto de ley que instituye esa obligatoriedad crea un privilegio para el naciente Banco de las Exportaciones (Bandex) en detrimento de los demás componentes del sistema financiero nacional que deben acogerse al principio básico de la oferta y demanda.

La iniciativa legislativa también impone obligación a las empresas aseguradoras para que depositen el diez por ciento de sus reservas en instrumentos de deuda de ese banco, algo insólito, para un mercado financiero basado en la competencia y rentabilidad.

Más de una vez con los fondos de pensiones se ha pretendido jugar a la ruleta rusa, sin tomar en cuenta penosas experiencia de países que todavía reconstruyen esa modalidad de la seguridad social que se convirtió en sal y agua por irresponsables apuestas en economía de casino.

La historia dominicana registra más de un episodio de quiebra de instituciones financieras donde leyes tintadas de privilegios y temeridad administraban fondos de trabajadores que nunca recuperaron sus dineros descontados de nóminas de manera obligatoria.

Se reconoce la validez y pertinencia de la creación de un banco que promueva y financie actividades productivas vinculadas con la exportación, pero es una temeridad y una ilegalidad pretender obligar por ley a las administradoras de fondo de pensiones que depositen en esa entidad el diez por ciento de sus carteras.

Se supone que los fondos de pensiones deben ir a anaqueles financieros que provean mayor seguridad y rentabilidad, pero esa ley solo obliga al depósito, aun cuando las condiciones no sean las más ventajosas para los intereses de los dueños de esos dineros.

Si el Banco de las Exportaciones se hace merecedor por garantía de sana competencia, mejor oferta y probada eficiencia, dispondría sin dudas de más del 10% de los fondos de pensiones, pero pretender lograrlo por la fuerza de una ley, es una iniquidad y una aberración que colisiona con la Constitución política del Estado.