Puede aceptarse que ahora mismo la gente está más preocupada por el festival de alzas de precios que en una reforma constitucional para independizar al Ministerio Público. O que no están dadas las condiciones subjetivas para un proceso que es tan fundamental para consolidar el sistema institucional. Pero el ambiente no justifica, en todo caso, que los principales partidos opositores renuncien y satanicen un diálogo convocado con el propósito de mejorar con argumentos que, para colmo, conspiran en su contra.

En primer lugar el presidente Luis Abinader no está cruzado de brazos frente a la crisis, contemplando el panorama como el que ve la lluvia caer. Como lo evidencian los casi 3,400 millones de pesos que ha dispuesto en subsidios, la liberación de aranceles para unos 67 productos y otras medidas, enfrenta las alzas de precios con acciones puntuales.

Ese esfuerzo es todavía más significativo cuando los recursos que se han dispuesto han sido de los ahorros obtenidos por la eficiencia del gasto y la eliminación, en gran medida, de la corrupción en la administración pública.

Nunca antes se había tenido un Ministerio Público tan independiente como el actual. Sin embargo, el Presidente ha insistido en su secesión del Ejecutivo para que el organismo actúe con entera libertad, fortaleciendo de esa manera la confianza en el sistema judicial, y, por tanto, en el clima de inversiones.

A diferencia del pasado, en que procuradores y fiscales eran instrumentos políticos, Abinader procura que el juez de la querella no esté supeditado a un decreto.

No está de más recordar que por esa dependencia que se procura eliminar el entonces presidente Leonel Fernández, hoy líder de Fuerza del Pueblo, despidió a Guillermo Moreno como fiscal del Distrito Nacional cuando este quiso interrogar al expresidente Joaquín Balaguer sobre el asesinato del periodista Orlando Martínez.

A manera de ilustración también hay que agregar que si hoy los sobornos y los financiamientos ilícitos de Odebrecht a funcionarios y partidos no se han aclarado se debe a la politización de la investigación protagonizada por el entonces procurador Jean Alain Rodríguez.

Pero en su interés de satanizar la reforma constitucional y congraciarse con la opinión pública, gentes del PLD y Fuerza del Pueblo han apelado a la manipulación alegando que con la convocatoria se persigue reducir del 50 al 45% el porcentaje para ganar en primera vuelta.

Sabe que no es verdad, que Abinader, en lugar de imponer quiere consensuar reformas; que no ha jugado con cartas marcadas ni tiene necesidad de hacerlo. Que su interés no es otro que fortalecer el sistema institucional y mejorar las condiciones de vida del dominicano.