La Encuesta Cultura Democrática en República Dominicana realizada por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo confirmó que la corrupción y el clientelismo están, a pesar de lo dañino y lo mucho que se censuran, en la sangre de la población. Aunque una mayoría de un 57.1 % aprueba la democracia como sistema político, lo llamativo es la identificación con malas prácticas en el ejercicio del poder, sin repararse en las nefastas consecuencias para la consolidación del propio modelo.

Con ese criterio que tiene la gente del clientelismo, o el poder como botín del partido que gana las elecciones, Abinader ha puesto en juego su liderazgo o elevado nivel de aceptación al abocarse a una reestructuración de la Administración Pública, sin importar que sea en aras del crecimiento y el desarrollo social, político y económico.

Aunque dista mucho de la motosierra de Javier Milei en Argentina, la fusión y eliminación de entidades, con su consecuente supresión de empleos, podrá ser muy necesaria, pero no es lo que prefiere el común de los ciudadanos, sobre todo esa militancia que tiene a los partidos políticos como fuentes de movilidad o ascenso social.

En una nación en que el Estado es el mayor empleador, achicarlo, aunque sea en procura de más eficiencia, tiene un costo político que solo lo afrontan los gobernantes comprometidos con el desarrollo y no con ambiciones o liderazgo personal. Es obvio que por la propia circunstancia el Gobierno se ha quedado corto en el proceso de reestructuración, dado que existen ministerios y direcciones cuyas funciones no ameritan el gasto que representan.

Con el uso de los recursos públicos, Abinader ha colocado unas barreras éticas y legales que restringen al mínimo el derroche y la dilapidación. Los grandes escándalos, que se erigen como afrenta y desafío, puede decirse que forman parte del pasado. Que un segmento significativo vea un lado positivo en la corrupción no ha sido excusa para que el Gobierno se haga de la vista gorda, aunque en el algunos casos no se llegue siquiera a la apropiación o malversación de fondos.

Esa reestructuración administrativa, además de un paso al frente, acredita la reforma constitucional en lo relativo a dificultar modificaciones para facilitar la reelección presidencial y en la independencia del Ministerio Público.

Pero también la reforma tributaria, aunque tenga que acompañarse de más eficiencia técnica, para aumentar las recaudaciones con las que afrontar viejas y nuevas necesidades de la población, sin tener que recurrir al costoso endeudamiento. Abinader ratifica una vez más que no gobierna para el PRM, ni para su imagen personal, sino para el desarrollo del país.