Las reservas y objeciones a la reforma constitucional propuesta por el presidente Luis Abinader para independizar el Ministerio Público y modificar el Consejo Nacional de la Magistratura confirman la necesidad de los cambios en la Carta Magna para consolidar el sistema institucional.

Los disparates que se han argumentado son tan espantosos, que solo indican que este país ha estado secuestrado por una claque que, además de ignorante, se ha movido esencialmente por beneficios personales o particulares.

Se puede estar en desacuerdo, pero hay que respetar a quienes indican que, salvo la designación por el Poder Ejecutivo, el Ministerio Público goza de plena independencia en su estructura orgánica y en sus funciones. Pero para que se den esos elementos el Presidente de la República tiene que ser, claro está, un gobernante respetuoso, como Abinader, del orden institucional y el procurador general una suerte de Miriam Germán, quien abandonaría el cargo antes que ceder a presiones o dejarse manipular por intereses espurios. Es el gran problema.

Decir que con las reformas Abinader busca controlar el Ministerio Público y las altas cortes es un disparate que provoca vergüenza. Contando con profesionales competentes y probos en su partido el mandatario decidió romper con la funesta tradición de poner a su servicio y del PRM la propia Procuraduría, el TSE, JCE, Cámara de Cuentas y hasta una entelequia denominada Defensor del Pueblo.

No se trata de lisonjas, sino de la realidad. Las reformas constitucionales y muchas de las decisiones adoptadas por Abinader son propias de un mandatario que gobierna para garantizar el bienestar y la seguridad de una nación que las necesita, sin pensar en intereses políticos ni personales. Nadie asegura que terminado su mandato sus sucesores no desarrollen vocación tiránica y quieran volver a los tiempos en que la independencia de los poderes era un mito.

Con las debilidades institucionales que se han arrastrado, por lo menos las áreas más vulnerables e importantes, como los casos del Ministerio Público y las altas cortes, tienen que ponerse a buen resguardo de los apetitos depredadores.

Como también se ha propuesto unificar las elecciones hay quienes se han agarrado de ese proyecto para objetar la independencia del ministerio público bajo el alegato de que el Gobierno tendría la intención de aprovechar la discusión para colar que se reduzca del 50 al 40% el porcentaje para ganar en primera vuelta. Como si Abinader tuviera necesidad o haya jugado sucio alguna vez. Obviando lo encontrado, lo que se ha visto es suficiente para insistir en la necesidad de avanzar en la reforma institucional. Contra viento y marea.