El presidente Luis Abinader ha dado demostraciones fehacientes, incontestables e irrefutables de ser el jefe de Estado que ha enfrentado la inmigración haitiana, pues no se ha prestado a buscar bajaderos legales para legalizar a indocumentados ni ha permitido campos de refugiados promovidos subrepticiamente por organismos internacionales, cuyas pruebas reposan en el viceministerio de Interior y Policía que está encargado del sistema migratorio.

El primer mandatario no accede a ningún acuerdo con Haití, toda vez que sus antiguas autoridades y los que queda del Estado colapsado, no han cumplido con ningún pacto, evidenciando que son proclives impenitentes de violaciones de tratados bilaterales, cuya más reciente transgresión fue la desviación del río Masacre para construir un canal, casi al pie del afluente, para utilizarla en proyectos de construcción, ya que no poseen agricultura que necesiten reguío.

Abinader es claro, coherente y transparente en su postura para enfrentar el problema haitiano, y anuncia un aumento de la drasticidad para impedir el trasiego de ilegales por una frontera porosa y por la complicidad de algunos militares y civiles, detenidos con ilegales, los cuales enfrentan posibles condenas de 10 a 15 años de reclusión.

La dirección de Migración, conjuntamente con el Ejército, no dejen permitir más asentamientos de haitianos, pues son cuantiosos los daños que causan en los cortes de árboles y en la cuenca acuífera, que influyen severamente en el cambio climático y las zonas agrícolas.

El senador por Elías Peña, Johnson Encarnación, acaba de denunciar la instalación de un nuevo asentamiento haitiano en la parte norte de la Sierra de Neiba en un perímetro de 24 kilómetros, lo que pone en peligro alrededor de 20 fuentes acuíferas que allí nacen, una acción que constituye un desafío al ministerio de Medio Ambiente y a la dirección de Migración que deben intervenir inmediatamente, para que los inmigrantes ilegales cesen sus acciones criminales en la citada comunidad de la región Sur del país.