Lejos de perjudicar a los medios de comunicación, la decisión del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona de regular la publicidad del Estado, busca frenar y reducir el dispendio, especialmente de funcionarios proselitistas, así como achicar la corrupción. Testimonia una inquietud recelosa, en la antesala de un boom publicitario.

Esa expansión en la inversión publicitaria favorece a los diarios y a los televisivos, aunque no así a ciertos de radio, UHF y digitales, que han crecido como la verdolaga, sin una audiencia que garantice la rentabilidad de la inversión. El decreto presidencial no prohíbe la publicidad, tan necesaria para anunciar la renovación del marbete, la propagación de una epidemia o una licitación.

Los online se ramifican con rusticidad periodística, porque cualquiera sin la más mínima formación universitaria en comunicación social, procura sustentarse en la publicidad estatal. La mayoridad de ellos carece de contenido noticioso y educativo atractivo, por lo que no son vistos ni leídos siquiera por las hormigas de sus casas, hecho que invita a leer al teórico canadiense Marshall McLuhan (1911-1980), quien acuñó la frase de que “el medio es el mensaje”.

La partida asignada en la Ley de Presupuesto General del Estado a la comunicación, publicidad y prensa de la Presidencia de la República asciende, para el 2024, a RD$4,197,524,804.

El 27 de junio de 2021 sugerimos, actuando este servidor como instructor en la conferencia con el tema “Gremios y periodismo”, en el diplomado en Periodismo Ético, la realización de auditorías sobre la concesión y manejo de decenas de miles de millones de pesos de publicidad presupuestada, desde el Ministerio Administrativo de la Presidencia en el intervalo 2000-2020.

En el seminario auspiciado por el Gobierno a través del el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, la UASD, el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), insistimos en la necesidad de elaborar y aprobar una Ley de comunicación y publicidad estatal, y otra ley de publicidad privada.

Al decretar el establecimiento de criterios e instrucciones para la contratación de la publicidad oficial, escuchamos tardíamente la respuesta a una propuesta de este servidor, formulada en un evento en el que participaron 43 periodistas. Todos asintieron.

Alimentarse de una publicidad que alcanza a un público insignificante, o no llega a nadie, se patentiza como una estafa al Estado. Ni la presión y la coacción detrás de recursos financieros y partidas publicitarias, ni la afectividad con parientes, amigos y vecinos, deben mediatizar el rol mediador del periodista profesional entre el Estado y la comunidad, ni transgredir, jamás, la libertad y los principios democráticos.

Para destronar el privilegio y la discriminación urge modificar la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones, que viabiliza el grado a grado.