(y II)
El manejo de la publicidad es un tema altamente sensible, más en la esfera estatal. Abundan los ofertantes y la partida destinada a ese renglón no alcanza para tantísimos. Para complacerlos habría que apartar un alto porcentaje del presupuesto de la nación.

Para destronar el privilegio y la discriminación y, a la vez, fomentar la competición estatal, urge la modificación del párrafo del artículo 6 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones, que exceptúa las licitaciones en la concesión de publicidad a los medios de comunicación social, o sea, que viabiliza el grado a grado.

El decreto 1-24 del presidente Abinader Corona plantea que la publicidad oficial sea para suministrar información de interés y utilidad para la población, para promover la difusión y conocimiento de valores y principios constitucionales, sin fines propagandísticos o para apoyar a partidos o candidatos políticos, oficiales o no.

Igualmente, que no sea utilizada “con el objetivo de presionar, censurar, coartar o privilegiar, según el caso, a comunicadores sociales o a medios de comunicación social, en razón de su línea informativa o editorial, su orientación ideológica o su posición, criterio o valoración sobre el Estado, el Gobierno a las políticas públicas”.

En esa tónica, los más sensatos tenemos que avalar el veto en “la utilización de la publicidad oficial con propósitos propagandísticos o para apoyar a partidos o candidatos políticos, oficiales o no”.

Con frecuencia se critica el abuso de los recursos del Estado en favor de candidatos gubernamentales, por lo que se atiende esta petición, mediante el Decreto 1-24: “se instruye a las instituciones públicas a reducir la difusión de publicidad a la estrictamente necesaria en función del servicio público prestado y con especial observancia de la Ley núm. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, así como a las orientaciones o disposiciones emanadas por la Junta Central Electoral (JCE)”.

La asignación de la publicidad se encarrila por rieles enmarañados, más cuando proliferan cerca de mil 500 medios escritos, televisivos, radiales y digitales, que dan cabida a unos tres mil programas, la inmensidad de los cuales cojea en el balón de planes de marketing, en un mercado harto limitado.

Siendo así, el Estado ha concurrido como el Hada Madrina de esos espacios mediáticos, con la desventaja de que su cartera presupuestaria publicitaria no alcanza para tantísimos, so pena de no poder sentir el calor de los abrazos y besos del Hada Madrina.

Ella destina los bautizos a los de gran audiencia -como influencers que aumentan el porcentaje de generación de views y se posesionan con noticias falsas, palabras descompuestas y frases injuriosas-y los que están enllavados. Ahí radica nuestra solicitud de modificación de la Ley de Contrataciones Públicas.