Más que de liderazgo, el presidente Luis Abinader transmitió un mensaje de valor con su proclamación de impulsar una reforma fiscal que entraría en vigencia a partir de 2022. Es posible que el mandatario precisara de la demostración para dejar claro que sus decisiones no responden a presiones mediáticas, sobre todo de las redes, sino que tiene una visión propia de la problemática nacional.

Ante las evidentes dificultades de consensuar un pacto en el diálogo que ha propiciado, que es condición sine quo non de la Estrategia Nacional de Desarrollo, Abinader tendrá que jugársela con la revisión que se propone del sistema tributario con el objetivo primordial, aléguese lo que se alegue, de incrementar las recaudaciones para afrontar compromisos y necesidades de la población.

No deja de intrigar que el Gobierno tenga que optar por el incremento de la carga tributaria, relegando la aprobación del espinoso proyecto de ley de extinción de dominio. Con la colaboración ofrecida por Estados Unidos, la legislación abre la posibilidad de recuperar cuantiosos recursos sustraídos al Estado a través de la corrupción.

Bastaría con fortalecer el Ministerio Público, la Cámara de Cuentas y alguna otra instancia para perseguir dentro y fuera del país con la mayor eficacia los caudales acumulados por medios ilícitos. Solo las cifras que se han citado en escándalos como los de Odebrecht, los Tucano, Operación Antipulpo, Medusa y otros indican que no se trate de dos ni tres mil millones de pesos.
Pero Abinader parece conformarse con la determinación, un tanto teóricamente radical, de impulsar una reforma basada en que los que más pueden sean los que carguen más pesado. Es obvio que el mandatario no ha previsto las consecuencias de los gravámenes a los ricos.

O tiene alguna carta bajo la manga para lidiar con cualquier obstáculo. La experiencia que hasta hoy se tiene es que los satanizados ricos, que son los que crean la riqueza y los empleos, saben arreglárselas para transferir la carga a los consumidores o simplemente recurrir a la reducción de personal para ajustar sus presupuestos. Hay que hacer la salvedad que el gobernante precisó que en torno a la reforma fiscal sus planes son bajar impuestos y eliminar exenciones.

Por la indignación de la ciudadanía el Gobierno retiró unos simples gravámenes que había consignado en el proyecto de presupuesto de este año. Los impuestos que según el Presidente se incluirían en la ley de ingresos y gastos públicos de 2022 se supone que serán de más envergadura. Sin el respaldo de los partidos de oposición ni de los sectores populares, que preferirán siempre que se recupere el dinero robado, el Presidente transita, con o sin proponérselo, por el jardín de senderos que se bifurcan.

Por: Luis Pérez Casanova

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