La defensa del comunicador Marcos Martínez acusó ayer al procurador general de la República de prevaricación, porque según dicen permitió que la vicepresidenta de la República, doctora Margarita Margarita Cedeño de Fernández, utilizara su oficina como domicilio judicial para instrumentar la querella contra éste.
Manuel Sierra, abogado de Martínez, dijo que el domicilio que eligió Cedeño de Fernández para hacerse representar ante el tribunal, fue la oficina que tiene en Santiago el procurador Francisco Domínguez Brito.
Calificó como un abuso los pronunciamientos hechos por Domínguez Brito a la sentencia del Tercer Tribunal de Santiago, mediante la cual fue liberado de cargos el comunicador.
Sierra sostuvo que Domínguez Brito ha mantenido una persecución política, voraz y abusiva contra Martínez.

