Los abogados invitados al Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio junto al empresario Manuel Corripio y al editor en jefe del periódico El Día, Miguel Febles. /Foto: José de León y Alexis Monegro
El nuevo Código Penal, promulgado mediante la Ley 74-25 el pasado 3 de agosto por el presidente Luis Abinader, fue valorado este miércoles por los abogados Olivo Rodríguez Huertas, Miguel Valerio y Patricia Santana.
A diferencia del cuerpo legal vigente desde 1884, Olivo Rodríguez Huertas resaltó que el nuevo Código Penal contiene un conjunto de sanciones, a pesar de que considera que las penas pudieron ser más fuertes.
“Si algo importante tiene el Código Penal es que ha venido a fortalecer el sistema de consecuencias y el desconocimiento por parte de las autoridades públicas de los mandatos contenidos en las decisiones del Tribunal Constitucional se constituye un ilícito penal. Se mejora extraordinariamente todo el tema, no solamente en materia de desacato, que es un concepto más amplio, sino que también cualquier obstaculización que tengan la efectividad o ejecutividad de las mismas pues dará lugar a la posibilidad de la aplicación de sanciones penales sobre los funcionarios”, señaló durante el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio.
A propósito de las consecuencias, el profesor en Derecho Administrativo hizo un llamado a los funcionarios a estudiar a profundidad el artículo 286 del Código Penal Dominicano, el cual se refiere a la obstaculización en la ejecución de una sentencia o decisión judicial.
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“Yo exhorto a los funcionarios públicos, desde el Presidente de la República hasta el funcionario del nivel más ínfimo en la estructura jerarquizada de la Administración, a que se lean bien todo ese capítulo relativo a los delitos contra la administración pública, yo le exhorto a que se lo lean bien porque las consecuencias son enormes”, subrayó el exembajador de la República Dominicana ante el Reino de España y el Principado de Andorra (2017-2020).
Mientras que, el abogado penalista Miguel Valerio ve como un avance y “un reto cumplido” la proclamación de la ley que entrará en vigor el próximo año, ya que entiende que corresponde a las necesidades de la sociedad actual.
“Evidentemente el Código Penal es el plan de política criminal del Estado, ya que define qué va a perseguir, qué está prohibido y qué sanción jurídica se aplica a la ciudadanía”, señaló.
Sin embargo, para la abogada constitucionalista Patricia Santana la nueva legislación penal no es moderna, a pesar de reconocer la importancia de su promulgación.
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Entre las razones mencionó la criminalización del aborto a las mujeres, permitiendo la interrupción forzosa del embarazo de parte del personal de salud; la exclusión de responsabilidad penal a partidos políticos y a iglesias; la inclusión de un tipo penal de violación dentro del matrimonio porque “la violación es violación en cualquier espacio y en cualquier momento, independientemente de que haya matrimonio o no”.
La abogada litigante sostuvo que “hay una parte del código que era necesaria y otra parte del código que se queda en el siglo XIX que tenía que ser objeto de revisión”.
