Abogados se quejaron de la lentitud y la incapacidad de los tribunales administrativos para dar respuesta a los procesos que se encuentran en esa jurisdicción.

José Parra, Jacqueline Lamarche y César Amedo Peralta denunciaron que confrontan inconvenientes por la incapacidad del personal del área administrativa para agilizar los procesos.

“Hace alrededor de un año el Poder Judicial ha dado un retroceso en todo el proceso administrativo en un 200 %. La mayoría de las sentencias salen con errores y tienen que devolverlas para atrás y en mucho de los casos cuando la reenvían de nuevo continúan los errores porque no los corrigen bien”, manifestó Lamarche.

Se quejó de que lleva tres meses sin que el Tribunal Superior Administrativo le corrijan un error de un oficio para notificar una institución que demandó, y que cada vez que va a esa instancia del Poder Judicial es lamentablemente a perder su tiempo por la incapacidad de un secretario.

Los abogados denunciantes dijeron que a pesar de manifestar sus quejas no reciben respuestas y que todavía están pasando sinsabores.

Asimismo afirmaron que los errores en esa jurisdicción se han convertido en un mal patológico, que pone a perder tiempo a los abogados.

“Yo deposité en mayo y duré cerca de un mes para darme el oficio, cuando me lo enviaron fue con un error y le dejó el nombre de otra institución”, refirió Lamarche.

El abogado José Parra dijo que en el TSA hay una mora judicial muy alta con relación a la salida de las decisiones que no salen con la rapidez, lo que ha requerido la intervención de una especie de jueces liquidadores.

“Sin embargo, todavía existe una lentitud y dejadez para notificar las decisiones judiciales. Es una de las jurisdicciones más importantes de la administración pública a la que se le debe prestar mayor atención”, adujo Parra.

En tanto que el abogado César Amadeo Peralta refirió que la lentitud y la falta de capacidad para dar respuesta rápida a los procesos, no solo es propia de la jurisdicción administrativa, sino de casi todos los tribunales del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.

“Tenemos un retraso producto de la falta de una justicia oportuna tanto en materia civil como penal”, señaló.

Citó que un caso que se falló en el 2020 todavía no ha salido la sentencia, lo que atribuyó a la falta de personal y de presupuestos, “eso ha causado serios inconvenientes al sistema de justicia”, acotó.