Por Danilo Cruz Pichardo

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El Artículo 37 de la Constitución establece que: “El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muete…” Es un texto que se inscribe en el atraso, donde se impuso la presión de las iglesias, pese a tratarse de un aspecto científico.

El aborto por sí mismo no debe aprobarse, pero las tres causales han sido analizadas por médicos de diferentes especialidades y por sicólogos, coincidiendo todos en su justificación, por lo que ese mismo artículo constitucional pudo precisar salvedades como la violación sexual, el incesto, la malformación del engendro y exposición de peligro de muerte de la madre al parir.

Hay una vieja máxima que dice —la cual escucho desde que era chiquito—: “No es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar”. Y le pregunto de inmediato a los “pastores evangélicos” que se oponen a las tres causales: ¿Qué harían con una hija embarazada, fruto de una violación por un miembro de la misma familia, con un producto deformado en su vientre y peligro inminente de muerte al dar a luz? ¿La dejarían morir?

¡Mentira! No la dejan morir. “La humanidad tiene una moral doble: una que predica y no practica y otra que practica y no predica,” dijo Bertrand Russell. Y esa doble moral empieza con muchos supuestos pastores evangélicos, algunos de los cuales hicieron campaña sucia en contra de Luis Abinader.

Para muchos de esos pastores la corrupción pública y la impunidad, que han alcanzado niveles extremos, nunca han sido problemas, pero se aferran a una concepción distorsionada, porque oponerse a las tres causales es un gesto de crueldad.

En ese texto, del Art. 37 de la carta magna, lo ilógico se impone a la razón. Lo ideal sería enmendar ese error, pero ¿quién se atreve a sugerir algo similar con los traumas políticos que tiene la población con las modificaciones constitucionales? Hay un Código Penal elaborado, el cual contiene las causales, que solo habría que reintroducirlo, aprobarlo y promulgarlo, pero esas excepciones del aborto podrían ser rechazadas por el Tribunal Constitucional.