El panorama de nuestro país, cargado por un ambiente electoral que incluye reelecciones, con gastos millonarios escandalosos de inversión legalmente obligada para promover candidatos y candidatas de los partidos -suma que sale del pueblo- nos muestra a las mujeres cada vez más desprotegidas.

Las noticias en las últimas semanas reseñan hechos de extrema violencia que afectan mortalmente a mujeres y niñas desprotegidas en sus derechos sexuales y derechos reproductivos porque nuestras autoridades se resisten a reconocerlos, olvidando que su única alternativa es considerarlos ya que, los derechos no se otorgan ni ruegan, se respetan.

Casi un cuarto de siglo hace que las dominicanas exigimos la promulgación de un Código Penal moderno y consensuado, a partir de propuestas explicadas científicamente, fundamentadas en razonamientos totalmente lógicos avalados por las cifras que mantienen la mortalidad materna puntera en la región y las de violación sexual y embarazos forzados de adolescentes.

Todo, frente a administraciones políticas, empeñadas en llamarse democráticas, amañadas con el conservadurismo religioso y a ultranza, frente a la mayoría de este país y castigando a las mujeres y niñas más pobres. Esa clase política, interrumpe sus embarazos de manera segura y bendecida con dinero, manteniendo una doble moral permanente. No necesitan despenalización por causales.

Los derechos sexuales y derechos reproductivos no pueden ser condenados por un instrumento penal incorporado a mediados del siglo XIX y ante la necesidad de preservar la vida de la mujer en peligro por el embarazo, o cuando es resultado de una violación sexual o de un incesto, y frente a un feto incompatible con la vida, tanto la sociedad política como las instituciones religiosas no pueden imponerse. Es inhumano.

Solo en estos días próximos pasados, Cristal Peguero Román, una niña de 13 años embarazada por violación, murió a causa de un aborto inseguro y, por supuesto, ilegal. Murió una niña, forzosa e involuntariamente embarazada en circunstancias tan violentas como la falta de una legislación que la protegiera, situación que ha aumentado la mortalidad materno infantil hasta hoy.

En nuestro país, el aborto se condena por ser un pecado y se tipifica como un delito, penalizando a todo el mundo que lo procure y, sin embargo, mantenemos las más altas tasas de muerte materna, así como de embarazos forzados, con lo que demostramos al mundo que, la penalización del aborto no evita, ni previene, ni mucho menos resuelve este problema.

Legisladores y legisladoras no tienen respeto a los derechos humanos ni constitucionales de las dominicanas.

Por eso morimos