La semana pasada, la violencia entre manifestantes en el Parque Independencia del Distrito Nacional, por la guerra entre Israel y Palestina, recordó que, en nuestro país, la libertad de expresión hay que preservarla por encima de los discursos y las acciones de odio que tratan de limitarla.

Lo acontecido fue ampliamente visto en videos tomados en el lugar y publicados en las redes, mostrando a varias personas defensoras de Palestina, primeras en convocar a una protesta pacífica, y a otro grupo de personas partidarias de Israel, expresando que evitarían la manifestación, lo que se realizó de manera violenta haciendo necesaria la presencia de la Policía Nacional.

En los videos compartidos y comentados en las redes, se identifica a las personas atacantes con grupos de corte paramilitar que funcionan en el país desde 2016 activamente y que mantienen la represión de la libre expresión de toda manifestación en pro de los derechos humanos, feministas, LGBTIQ, progresistas, pro-respeto a las personas sin importar estatus alguno, etc.

Exactamente hace un año, esas mismas personas, en ocasión de la jornada anticolonial, “12 de octubre, nada que celebrar”, en el marco de “Octubre Cimarrón”, convocado por varias organizaciones, fueron agredidas en el Parque Colón y brutalmente golpeadas y lesionadas algunas de ellas.

¿Cuál fue la reacción oficial a esos hechos? ¿Cómo es posible que se repitan en un país considerado libre y democrático?.

Es muy preocupante y peligroso que esto suceda y se permita en el rejuego de la democracia.
Que personeros agredan a participantes pacíficos y en ejercicio de su derecho de expresión, mientras las autoridades permanezcan impasibles y, al decir de quienes grabaron y comentaron, hasta favorecieran a los furiosos atacantes, obliga a preguntarse si en República Dominicana, avanzamos hacia el peligro de permitir grupos tales oficialmente.

La libertad de expresión es el derecho de expresarse consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Humanos y protegido por infinidad de tratados internacionales y regionales, así como por nuestra propia Constitución, en los artículos 42, 47 y 49. Se trata del respeto al conjunto de derechos ciudadanos y de las libertades del pueblo que, tanto dicen en el discurso, es soberano.

Ya hace unos diez años, se viene advirtiendo del peligro que constituye para nuestra sociedad este incremento de discursos y acciones de odio de corte racista, sexista, homófobo y misógino que organiza a personas ultraconservadoras en un verdadero peligro, capaces de amenazar y de ejecutar actos violentos contra organizaciones y personas activistas.