Los abogados de la compañía Prado Universal, concesionaria de la Torre Atiemar, aclararon hoy que Arturo del Tiempo Márquez, condenado por narcotráfico en España, no era el presidente de esa empresa y que el dinero que reclaman corresponde a los socios. Los licenciados Erick Raful Pérez, Manuel Aurelio Olivero Feliz, y René del Rosario explicaron que Prado Universal está representada por Jorge Postigo, quien reclama el derecho de propiedad sobre esos bienes.
Precisan que el Ministerio Público le comunicó, en un documento, que “hasta el momento ésta Procuraduría Fiscal no tiene ningún elemento que le permita cuestionar el origen lícito de las transferencias e inversiones realizadas por esa entidad en la sociedad Prado Universal”.
Aclararon que Postigo, legítimo propietario, y sus abogados no son testaferros ni representantes de del Tiempo Márquez, por lo que toda información en ese sentido es falsa y mal intencionada.
Indican que la deuda que poseía Prado Universal Corp., con el Banco de Reservas era de 14 millones 330 mil dólares, más 6 millones de pesos dominicanos por concepto de honorarios, la cual fue saldada mediante la adjudicación de 36 apartamentos de la Torre Atiemar.
El Banco de Reservas se adjudicó los 36 apartamentos del Condominio “Torre Atiemar” por valor de 34 millones 745 mil 453 dólares, valor determinado por una tasación del mismo banco y recordaron que el Código de Procedimiento Civil establece la obligación del adjudicatario entregar el excedente de la venta.
Precisan que la sentencia No. 123-2012, dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, ordena el levantamiento del secuestro que pesaba sobre todos los bienes de la sociedad comercial Prado Universal y de manera especial el excedente del producto de la venta del Condominio Torre Atiemar, sentencia que adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.
“Ante la imposibilidad de la compañía de ejercer las actividades normales de toda empresa y la expropiación de sus bienes sin justa causa se procedió a apoderar a la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, como tribunal de amparo para preservar los derechos fundamentales de esta sociedad, citando ante dicho tribunal al Estado Dominicano, representado por el señor Francisco Domínguez Brito en su calidad de procurador general de la República, al procurador adjuntoo Germán Miranda Villalona, y a la fiscal del Distrito Nacional, Yenni Berenice Reynoso.
