Dos haitianos fueron sometidos a la justicia por la Fiscalía del Distrito Nacional acusados de integrar una red que obligaba a niños haitianos a mendigar en las calles y avenidas de la capital. Roselette Luis y Garib Joseph, según la Fiscalía, obligaban a los menores a pedir en las calles y tenían que llevar dinero a la casa, donde operaba la red, en Los Alcarrizos.

La Fiscalía pidió prisión preventiva para los dos integrantes de la red que traía a los menores desde Haití y los obligaba a mendigar.

De acuerdo a las investigaciones, cuando los menores no llevaban dinero a la casa los maltrataban y los golpeaban con cables eléctricos.

Los dos haitianos fueron apresados durante allanamiento el pasado jueves en una casa, en la calle Juan Isidro Jiménez, de Los Alcarrizos.

Los menores eran llevados a las esquinas formadas por las avenidas Jiménez Moya con Rómulo Betancourt y 27 de Febrero; Sarasota esquina Abraham Lincoln y avenida Independencia esquina Jiménez Moya.

La solicitud de medida de coerción fue presentada por la licenciada Alba Esther Corona Valerio.

Los niños haitianos rescatados por las autoridades están siendo evaluados por un equipo multidisciplinario de la Fiscalía del Distrito Nacional y organismos internacionales en los hogares de paso donde están recluidos.

Algunos de los adultos que no tienen que ver con la red y que estaban ilegalmente en el país serán deportados y los que estaban legal serán puestos en libertad, se informó en la Fiscalía.

Los menores están distribuidos en tres hogares de paso del Consejo Nacional para la Niñez, que se omite el nombre y la dirección por la seguridad de los niños.

Uno de los investigadores dijo que no se trata de una cacería de brujas.

De acuerdo a la investigación, que duró ocho meses, los niños eran obligados a pedir en las calles por la red de trata de personas.

Los menores fueron rescatados la madrugada del pasado jueves en barrios de Los Alcarrizos, municipio de la provincia Santo Domingo.

El rescate de los menores y apresamiento de los adultos fue realizado durante un operativo coordinado por el Ministerio Público del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.

El operativo fue realizado junto a varias instituciones locales e internacionales.

Las fiscalías del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo realizaron 22 allanamientos.

La localización de los lugares donde eran llevados los niños fue posible tras una labor de inteligencia de casi ocho meses y en la que varias instituciones invirtieron recursos económicos.

En esta se comprobó el modo de operación y cómo explotaban a los menores que eran obligados a mendigar en las calles.