Funcionarios de diferentes entidades durante la conferencia en la Liga Municipal
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, advirtió a los alcaldes y funcionarios municipales sobre la necesidad de conocer y aplicar los mecanismos de protección del patrimonio público contemplados en el nuevo Código Penal dominicano y en la Ley de Compras y Contrataciones, instrumentos que refuerzan las sanciones contra la corrupción y el mal manejo de los fondos estatales.
Durante una conferencia impartida en la Liga Municipal Dominicana (LMD), Reynoso explicó que la nueva normativa, que entrará en vigor en agosto de 2026, introduce 27 tipos penales reforzados en materia de corrupción y delitos administrativos, con penas que podrían alcanzar los 20 años de prisión y la confiscación de bienes.
En el encuentro, encabezado por el presidente de la LMD, Víctor D’Aza, participaron también Milagros Ortiz Bosch, directora general de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), y José Rijo Presbot, titular de Presupuesto.
D’Aza destacó el compromiso de la institución con la transparencia y la gobernanza local, mientras Ortiz Bosch valoró la iniciativa de la procuradora como un paso firme para dejar atrás un Código Penal con más de un siglo de retraso. “Yeni tiene la capacidad de explicar las cosas con claridad y empatía, para que lleguen al corazón de todos”, expresó.
De su lado, Rijo Presbot recordó que los cabildos deben respetar la Ley 75-25, que limita el gasto corriente a 75% y establece que solo el 30% puede destinarse a remuneraciones, incluyendo personal temporal.
En su conferencia titulada “Responsabilidad penal de los funcionarios públicos locales ante el nuevo Código Penal dominicano”, Reynoso llamó a los funcionarios municipales a llevar este conocimiento a sus equipos de trabajo y comunidades, subrayando que el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad penal.
“Si una persona conduce bajo los efectos del alcohol y provoca una muerte, será procesada por homicidio con dolo eventual. Y quienes hagan disparos al aire y maten a alguien, enfrentarán la misma calificación penal”, explicó la procuradora.
Reynoso también advirtió sobre el nuevo tipo penal de difamación extorsiva, que sanciona con penas de tres a diez años de prisión a quienes difamen sin fundamentos con fines de presión o beneficio personal.
La procuradora destacó que tanto el nuevo Código Penal como la Ley de Contrataciones Públicas colocan a República Dominicana en consonancia con los estándares de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, al tipificar la corrupción como delito autónomo y precedente del lavado de activos.
“Esto significa que los bienes y cuentas bancarias de quienes incurran en actos de corrupción podrán ser congelados o incautados preventivamente. Las penas base serán de 10 años y pueden alcanzar hasta 20 años de prisión”, enfatizó Reynoso.
El evento formó parte del programa de formación que desarrolla la Procuraduría General para fortalecer la transparencia, la ética pública y la prevención de delitos administrativos en los gobiernos locales.
