La defensa de cuatro miembros de la familia Serret a quienes se les ratificó ayer la prisión preventiva y además fueron enviados a juicio de fondo junto a otros tres imputados por el fraude de 1,400 millones de pesos en el Banco Peravia, calificaron como una injusticia la decisión de la jueza, porque a su juicio se ha procesado a gente inocente y dejado salir a los culpables.

Los abogados de Yesenia Serret y de los hermanos Nelson, Jorge y Carlos Serret Sugrañez, Zacarías Payano, Félix Damián Olivares e Ingrid Hidalgo calificaron como una injusticia y una falta de conocimiento la ratificación de la medida de prisión preventiva a sus defendidos.

Dijeron que sus clientes han sido utilizados como chivos expiatorios, cuando los verdaderos responsables del fraude, los venezolanos José Luis Santoro y Jiménez Aray, salieron del país con la anuencia de las autoridades monetarias.

“Obviamente que hay una injusticia porque se ha cargado la responsabilidad a quienes no la tienen, ya que los verdaderos responsables de lo que pasó en el Banco Peravia son José Luis Santoro y Gabriel Jiménez Aray, y la autoridad monetaria y financiara que no hizo su trabajo, porque ahí hubo complicidad y los tontos de los Serret que no dirigían banco se quedaron aquí”, dijo Payano, representante de Yesenia Serret.

Para Olivares, representante de los imputados Nelson y Jorge Serret, el envío a juicio de fondo es producto de la presión que se ejerce contra los jueces desde la judicatura.

“La familia Serret fue utilizada como chivo expiatorio porque tenía menos de un 6% del total del capital social del Banco Peravia y no tenían poder de decisión. Eso ha sido una burda labor de encubrimiento”, sostuvo Olivares.

Afirmó que lo que se ha producido es un encubrimiento de quienes se llevaron los capitales, “que los dejaron escapar por sus complicidades con las autoridades monetarias y financieras”.

La abogada Ingrid Hidalgo, quien asume la defensa técnica del imputado Carlos Serret, dijo que no le sorprendió la apertura a juicio dispuesta por el Primer Juzgado de la Instrucción, sin embargo, consideró que se cometió una arbitrariedad con mantenerle la prisión bajo el argumento de que representan peligro de fuga.

“Eso es una franca violación a lo que establece la Constitución en cuanto a la personalidad de la prisión, ¿qué peligro de fuga pueden representar personas con avanzada edad, con problemas de salud y con arraigo?, se preguntó la litigante.

El tribunal entendió que hay mérito para que sean procesados en juicio de fondo por violación a la Ley Monetaria y Financiera, estafa, abuso de confianza, falsedad en escritura, asociación de malhechores y lavado de activos.