Basado en resultados de una investigación sesgada y prejuiciada de una de sus analistas, Amnistía Internacional (AI) reclama al Gobierno dominicano subvertir el orden institucional para revertir la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que fija el alcance de la nacionalidad y ordena ejecutar un plan de regularización migratoria. Esa organización con sede en Londres, Inglaterra incurre en la estrambótica vileza de afirmar que el fallo del TC desnacionaliza a 250 mil dominicanos de origen haitiano, a quienes además se les niegan sus derechos a trabajar, a la salud y a la educación.

Para colmo AI advierte que el tema de la situación legal de esa innominada masa de supuestos ciudadanos dominicanos despojados de su nacionalidad será uno de los puntos centrales del debate en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), a celebrarse mañana en Ginebra, Suiza.

Amnistía Internacional incurre en una grosera intervención en asuntos del absoluto dominio del Estado dominicano, como lo es el derecho soberano a legislar sobre nacionalidad y migración, pero también infringe postulado de la propia Carta de la ONU, al reclamar que el Poder Ejecutivo se subleve contra el Tribunal Constitucional.

La señora Chiara Liguori, analista de ese gendarme con ínfula imperial, debió consignar en su informe mentiroso y difamatorio que las decisiones del órgano de control constitucional son inapelables y vinculantes a los demás Poderes del Estado y que, por lo tanto, un desacato contra la sentencia de referencia sería promover un virtual crack institucional.

Constituye una grosera mentira la afirmación de AI, de que el fallo del TC desnacionaliza a 250 mil dominicanos de origen haitiano. Por el contrario, el juez constitucional ha ordenado regularizar la situación migratoria de las personas que carecen de la documentación que lo acredite con derecho al gentilicio nacional o para residir legalmente en territorio dominicano.

Llama la atención que el absurdo e inaceptable comunicado de Amnistía Internacional fue divulgado en la misma fecha cuando se realizaba la segunda ronda del diálogo domínico haitiano, al que extrañamente no asistió la delegación de la Comunidad del Caribe (Caricom), conglomerado muy activo en la campaña internacional de descrédito contra República Dominicana.

La Cancillería dominicana está compelida a rechazar con todo vigor el afrentoso comunicado de Amnistía Internacional y denunciar su carácter intervencionista y desestabilizador contra una nación que ha demostrado hasta la saciedad su vocación solidaria con Haití y que no acepta el calificativo de violadora de derechos.