Como es de público conocimiento soy aspirante, con el valioso apoyo de prestigiosas organizaciones cívicas que han respaldado mi candidatura, a ser electo uno de los 13 magistrados del Tribunal Constitucional, TC. El pasado martes 25 me correspondió presentarme ante los distinguidos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, CNM, como parte del proceso de selección e integración de los tribunales superiores de la nación. Como ha sido de rigor en las vistas públicas celebradas a la fecha, primero el Presidente de la República y del CNM invitó a presentar mis credenciales académicas y profesionales, así como mis motivaciones para ser considerado a esa alta función pública.

Fui bastante breve en mi disertación inicial por varias razones: por respeto a los colegas que me sucedían y a la audiencia; porque mi hoja de vida reposa en la secretaría del CNM y de seguro sus honorables miembros ya la habían revisado o la tenían en sus manos y, en tercer lugar, por entender que lo principal en ese escenario serían las interesantes preguntas que me formularon para evaluar mis competencias en Derecho Constitucional.

En cuanto a mi experiencia laboral como servidor público, la misma comienza cuando fui designado en 1991 Consultor Jurídico de la oficina a cargo de la cooperación con la Unión Europea, donde colaboré con un funcionario de la talla del entonces Secretario de Estado Roberto Martínez Villanueva, quien manejó estas nuevas funciones con eficiencia y gallardía.A partir del 1996 y por tres años, me desempeñé como Coordinador Técnico del proyecto del PNUD para la Reforma y Modernización del hoy Ministerio de Relaciones Exteriores, donde tuve el privilegio de colaborar con la gestión del Canciller Eduardo Latorre, en paz descanse, que logró institucionalizar la política exterior e insertar la nación en los esquemas regionales de integración.

Completo mi labor en la Administración Pública en el año 2000 cuando fui nombrado Viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos Consulares y Migratorios, donde colaboré con la destacada gestión del Canciller Hugo Tolentino Dipp en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales RD-Haití, en la concepción de una nueva Ley de Migración y en la consolidación del proceso de automatización de la gestión consular. Posteriormente fui designado Sub Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, centré mi alocución en comunicar que mi área de especialización profesional es el Derecho Constitucional Internacional, intersección del Derecho Constitucional y del Derecho Internacional prevista en nuestra Constitución desde 1966, pero nunca mejor articulada que en la vigente reformada el pasado año.

Que una de las principales atribuciones del TC es el control preventivo de los tratados internacionales (art. 185.2), proceso automático, abstracto, integral y no impugnatorio concebido para salvaguardar la supremacía de la Constitución, la primacía de los compromisos internacionales en el ordenamiento interno y la responsabilidad internacional del Estado.

Por igual, que mis conocimientos y experiencias en materia de integración económica podrían ser de utilidad cuando el TC se aboque a analizar un tratado internacional que implique la transferencia de competencias de los poderes del Estado a entes supranacionales, como prevé el nuevo art. 26.5 constitucional.