Cada vez más las mediciones científicas y serias establecen que la ciudadanía concede mayor importancia al tema de la corrupción gubernamental, porque la mayoría pobre ya la asocia con su mala situación económica: si los administradores del dinero que todos pagamos se meten en sus bolsillos una buena parte de los recursos destinados a mejorar la calidad de vida de las personas, el Estado no puede cumplir su función esencial de proporcionar los medios para promover el desarrollo humano de forma igualitaria y equitativa, como en efecto ha ocurrido en estos últimos 8 años de gobierno.

La proscripción de la corrupción administrativa es un tema tan importante en un Estado Social y Democrático de Derecho como aspira a ser el nuestro que la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado, en su artículo 146 condena y castiga los delitos de corrupción administrativa que cometan los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, como la sustracción de fondos públicos, el tráfico de influencia y las prácticas de nepotismo para favorecer a familiares y amigos.

A pesar de que este artículo tiene su origen en el antiguo 102 del texto constitucional anterior, por vez primera está previsto que a toda persona condenada por delitos de corrupción le será aplicada, sin menoscabo de otras sanciones que establece la ley, la degradación cívica o pérdida de sus derechos ciudadanos y, además, se le exigirá la devolución del dinero o de los bienes apropiados ilícitamente.

En segundo lugar, también la reforma constitucional del 2010 estableció la obligatoriedad para los funcionarios públicos de presentar su declaración jurada de bienes antes y después de terminada su labor, con la agravante para los amantes de lo ajeno que le corresponderá siempre probar el origen de los bienes y no a la autoridad competente.

Se recuerda que el informe de Transparencia Internacional sobre el Índice de Percepción de la Corrupción del 2011 estableció que el país empeoró al ser colocado en la posición número 129 de 178 países evaluados, con una puntuación de 2.6 que indica corrupción rampante. El año anterior el país ocupó el puesto 101, por lo que está claro que la guagua va en reversa.

Esto le consta al candidato del oficialismo continuista, Danilo Medina, por lo que ha dicho recientemente que, si el Estado logra vencer en las próximas elecciones, actuará contra los corruptos de su partido que hoy el rumor público y denuncias concretas indican como tales. Por más bien intencionado que esté, el problema es convencer que podrá hacer lo que nunca hizo el líder de su partido y actual Presidente con sus secuaces y turiferarios que, para su desgracia, también son y serían los suyos si continúa esta dictadura de partido.

En su segundo período de gobierno, el Presidente Hipólito Mejía también dará estricto cumplimiento a la Constitución y a las leyes, razón por la que continuará castigando la corrupción de los otros y la de los suyos.